Iván Restrepo

El 19 de marzo de 2010 fueron asesinados por soldados Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso. Eran excelentes estudiantes del Tecnológico de Monterrey. El crimen lo cometieron so pretexto de pertenecer a un grupo criminal. La documentación que existe sobre el caso muestra que luego de herirlos y darse cuenta de que no eran delincuentes, les dieron el tiro de gracia. Además, de sembrarles evidencias falsas. Como ponerles en sus manos armas de grueso calibre. Y como los muertos no declaran, se intentó esconder el asesinato.

El sufrimiento de las familias de ambos estudiantes es enorme. Y más porque no faltaron medios y columnistas que dieron por válida la versión oficial. Pero todas las evidencias mostraron a los responsables y a los que trataron de ocultar la verdad.

El entonces presidente Felipe Calderón y sus colaboradores guardaron silencio cómplice.

El martes pasado hubo una solemne ceremonia en el Tecnológico de Monterrey en la que altos funcionarios del actual gobierno ofrecieron una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y la buena fama de Jorge Antonio y Javier Francisco, derivadas de las falsas imputaciones por autoridades del Estado mexicano, por la alteración de la escena de los hechos.

Cabe preguntar si los autores del crimen y los que intentaron hacer aparecer a los dos estudiantes como sicarios, recibieron el castigo merecido o los cobija la impunidad y si las familias de Jorge Antonio y Javier Francisco recibieron justa indemnización económica.

Casi al mismo tiempo de la ceremonia en Monterrey un juez federal exoneró de delincuencia organizada a 21 personas implicadas en la desaparición forzada y asesinato de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, en enero de 2016.

Una semana antes de la resolución del juez, los gobiernos estatal y federal ofrecieron disculpas a los familiares de los jóvenes, por los agravios que sufrieron por agentes del Estado.

Si de pedir disculpas y reconocer los crímenes cometidos por el Ejército, la Marina, la Policía Federal y otras fuerzas del orden se tratara, a los funcionarios les faltaría tiempo para acudir a Tamaulipas Veracruz, Guerrero, Michoacán, Colima o Jalisco, por ejemplo. Allí han perdido la vida cientos de personas, entre ellas bebés, por equivocaciones de los integrantes de diversas corporaciones oficiales. Las mismas que no encuentran a los responsables materiales e intelectuales de más de 50 dirigentes agrarios asesinados por proteger los bosques de la destrucción que realiza el crimen organizado y los talamontes. O por luchar contra la depredación que ocasionan las empresas mineras.

Otros muertos exigen justicia: las mujeres víctimas de la violencia.

Cada año aumenta su número y más de la mitad de los feminicidios quedan impunes en nuestro país.

Tan sólo en lo que va del siglo han asesinado a casi 30 mil mujeres, un promedio de cinco crímenes al día. Para colmo, la única entidad que no ha tipificado el feminicidio en su Código Penal es Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez. Con acierto, hace 10 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por su incapacidad de garantizar el derecho a la vida de las mujeres de todas las edades.

La entidad con mayor número de mujeres víctimas de homicidio es el estado de México.

En los últimos 10 años han matado allí a 2 mil 410. Ecatepec es la demarcación más peligrosa de la entidad para las mujeres: desde 2012 asesinaron allí a casi 700. Esos crímenes se cometieron cuando gobernaba la entidad Eruviel Ávila, hoy senador por el PRI. Recientemente presentó una iniciativa contra el aborto.

Se une así a lo que sobre el tema piensa la senadora Lilly Téllez, de Morena, y los integrantes de las diversas iglesias a las que el presidente López Obrador les ofrece disponer de canales de televisión para su evangelio, que son antiaborto y homofóbicas, mientras en el mundo crece la exigencia de que se legalice y se despenalice el aborto.

Hasta la ultracatólica Irlanda lo hizo por abrumadora mayoría.

Con ello se evitaría que miles mueran por abortar en condiciones indeseables.

Además de reafirmar el derecho que tienen de elegir libremente sobre el destino de su cuerpo.