Gilberto López y Rivas

Al cumplirse los 100 primeros días del nuevo gobierno, resulta preocupante que sus abogados de oficio hagan señalamientos focalizados sobre quienes, desde los pueblos indígenas, sus saberes y el anticapitalismo, denuncian y resisten las renovadas políticas desarrollistas, neoindigenistas y de militarización de la Cuarta Transformación.

No fueron responsables el EZLN, el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno ni menos voces aisladas del entorno zapatista, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificara el Proyecto Integral Morelos (PIM) en su discurso en Cuautla del 10 de febrero, en el que dio marcha atrás a compromisos públicos de 2014 y 2018, y en el que estigmatizó a radicales de izquierda, calificados de conservadores, sin distinguir que, en realidad, eran integrantes de pueblos y comunidades que durante años han estado librando una batalla desigual contra el PIM, y, ahora, paradójicamente en contra del nuevo gobierno por el que la mayoría votó, que defiende y representa dicho proyecto.

Diez días después de la arenga presidencial sucede el asesinato de Samir Flores Soberanes, encarnación misma de esa lucha. Señalar, como lo hace Armando Bartra, que se pretende hacer uso político de esta muerte para alimentar con sangre una causa que no lo necesita es banalizar ese asesinato y una infamia política insostenible. Samir es un símbolo de la lucha de los pueblos que recuerdan con admiración y respeto sus enseñanzas. Amilcingo, su pueblo natal, se convierte en el epicentro de movilizaciones como la Asamblea Emergente Nacional ante la Violencia del Estado y la Autodeterminación de los Pueblos, celebrada el 9 de marzo, en la que se caracterizó al gobierno actual, en los hechos, como una continuidad del neoliberalismo, convocando a una movilización nacional e internacional el próximo 10 de abril en Chinameca, y declarando a AMLO como “persona non grata” en Morelos: “No permitiremos –afirman los participantes en esta asamblea– que la muerte de nuestro caudillo del sur sea insultada con la presencia de quien busca impulsar los proyectos de muerte en tierra zapatista”. Las resistencias al PIM podrían repetirse con el Tren Maya, el canal seco de Tehuantepec y con otros megaproyectos en puerta.

Los apologetas de los logros de los primeros 100 días de AMLO parecen no tomar en cuenta la realidad insoslayable de la brecha profunda entre pueblos originarios y un gobierno que ya decretó el fin del neoliberalismo, en los 100 días que conmovieron a México (sic). Claro, como de pueblos indígenas organizados en defensa de sus territorios y sus procesos autonómicos se trata, no es asunto prioritario en la agenda gubernamental, salvo en lo que refiere al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), que hasta hoy no ha hecho un solo señalamiento sobre el Proyecto Integral Morelos y la continuidad de la violencia contra luchadores en defensa de la Madre Tierra, como Samir.

El INPI está realizando consultas a modo en comunidades para cumplir formalmente con el Convenio 169 de la OIT, aunque Victoria Tauili-Corpuz, relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, ya externó de manera firme sus preocupaciones al gobierno actual sobre las obligaciones contraídas al respecto por el Estado mexicano, acordes al contexto constitucional y los tratados internacionales vigentes.

También, de ámbitos autorizados, difíciles de ser acusados de conservadores y ultraizquierdistas, surgen observaciones críticas coincidentes con las sostenidas por las resistencias comunitarias. Greenpeace lamentó la poca atención del actual gobierno, más allá del discurso, al tema del medio ambiente, y evaluó que tan sólo en 100 días de gobierno las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador –en materia ambiental y energética– perfilan a México rumbo a un desastre climático. Entre los cinco puntos en que sustenta tal afirmación se señala, precisamente, la reactivación de plantas termoeléctricas, como la de Huexca.

En este contexto de autoritarismos desde el poder: ¿A qué diálogo hipotético refiere Bartra y quién lo obstaculiza cuando se imponen consultas desde el Ejecutivo federal que han sido consideradas ilegales, ilegítimas, violatorias de los derechos colectivos de los pueblos originarios? ¿Diálogo con el delegado de la Presidencia de la República en Morelos, Hugo Éric Flores, un operador cuestionado sistemáticamente que hostigó con su presencia al digno pueblo de Huexca en la noche del pasado 5 de marzo, sin ser invitado por una asamblea comunitaria, acompañado con fuerza pública, y ofreciendo ayudas clientelares y corporativas que pretenden comprar conciencias y, que, eso sí, fraccionan y dividen comunidades? ¿Diálogo con el fiscal que investiga el asesinato de Samir, denostando su memoria y la integridad ética de entornos familiar y de lucha? ¿Diálogo con quien sólo escucha el eco de su palabra hecha ley?