Ayer, integrantes de las secciones siete, nueve, 10, 11, 14, 18 y 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon el acceso a la Cámara de Senadores en protesta contra el proyecto de decreto que abroga o modifica las disposiciones de la llamada reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La movilización de los docentes –que se inició el lunes en el recinto de San Lázaro, donde se generó el dictamen– se centra en exigir la eliminación total de los aspectos laborales en la redacción del artículo tercero constitucional y, en un sentido más amplio, el cumplimiento de los compromisos de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, según los cuales la reforma de 2013 sería derogada por completo y la nueva propuesta en la materia sería discutida y consensuada con la plena participación del magisterio.

Es necesario aclarar que, si bien la actual redacción del dictamen supone innegables avances con respecto a la embestida antimagisterial que la administración anterior disfrazó de reforma educativa, también conserva aspectos de forma y fondo que resultan indeseables para sectores del profesorado. De manera fundamental, mantiene la puerta abierta para que cualquier persona acceda a la función magisterial, lo cual va en menoscabo del reconocimiento tanto a la capacitación especial que los docentes reciben en las escuelas normales como al papel histórico del normalismo en el impulso de todo el sistema educativo nacional.

Asimismo, existe un inocultable fallo en la elaboración de la propuesta toda vez que, con independencia de su contenido, el proceso se ha llevado a cabo a contracorriente de los compromisos del partido que ostenta la mayoría legislativa en lo que toca a la inclusión de todos los sectores del magisterio. Dicho error de procedimiento resulta lamentable no sólo porque a estas alturas debería estar claro que ninguna legislación en la materia podrá prosperar si no se involucra en ella a los docentes, sino también a la luz de la resistencia del magisterio democrático frente a la prolongada y sistemática embestida de los gobiernos neoliberales.

Cierto, Morena no legisla en solitario y lograr la mayoría calificada requerida para modificar términos constitucionales tiene que negociar con otras bancadas y ello explica la incorporación al proyecto de decreto de aspectos que generan rechazo en la CNTE. Se hace indispensable, así, establecer un diálogo en dos instancias paralelas: el Legislativo propiamente dicho y la interlocución permanente con el magisterio movilizado. Esa parece ser la única vía de resolver el actual impasse y de evitar la reactivación de las costosas y lamentables confrontaciones entre la CNTE y el gobierno federal que marcaron el sexenio pasado.