En medio de una marcada tensión social en Cataluña, empezó ayer en la sede del Tribunal Supremo español, en Madrid, el juicio a 12 dirigentes independentistas catalanes acusados de rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia. Aunque las movilizaciones no pasaron a mayores y se limitaron a bloqueos de calles y carreteras así como algunos ataques menores a oficinas de partidos españolistas en Barcelona, entre los catalanes era patente el sentimiento de indignación.

Tal estado de ánimo tiene fundadas razones: los procesos penales contra el ex vicepresidente de la Generalitat (gobierno), Oriol Junqueras; la ex presidenta del Parlament (Legislativo) Carme Forcadell; los líderes separatistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y otros ocho políticos secesionistas, son vistos como una venganza de las autoridades madrileñas por el referendo realizado en Cataluña el primero de octubre de 2017, en el que se preguntó a los habitantes de esa comunidad autónoma si querían que ésta se convirtiera en una república independiente.

Esa consulta, boicoteada por los partidos unionistas, arrojó un abrumador 90 por ciento por el sí y fue declarada ilegal por el Estado español, el cual invocó unos días más tarde el artículo 155 de la Constitución para hacerse con el control de las instituciones catalanas. Más aún, es claro que los arrestos, las imputaciones legales y los juicios derivados de ese referendo tienen un inequívoco sentido antidemocrático y autoritario, además, los acusados lo son por sus convicciones y sus acciones políticas. En la Europa comunitaria y pretendidamente democrática del siglo XXI este hecho no deja de ser un escándalo. Sumados a la brutal represión lanzada por el entonces gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular, derecha) en contra de los catalanes, los procesos referidos dejan en claro que para el régimen español es delito organizar un proceso electoral y pugnar de manera pacífica por la separación de España.

Por lo demás, los argumentos oficialistas respecto de que la vía elegida por el gobierno independentista y republicano catalán es contraria a la Constitución de 1978 no dejan bien parada la legitimidad de la institucionalidad española en su conjunto, toda vez que implican una gravísima incapacidad legal para procesar desacuerdos fundamentales, como los que sostienen sectores muy posiblemente mayoritarios de Cataluña y del País Vasco en torno a la permanencia de esas regiones en el Estado español. Pero es cierto: no hay resquicio posible en la Carta Magna para resolver el asunto de los separatismos y de los nacionalismos regionales y no lo hay tampoco en el escenario político madrileño para modificar el texto constitucional a fin de establecer cauces institucionales para resolver tales conflictos, toda vez que en los organismos legislativos de España la presencia de vascos y de catalanes es, lógicamente, minoritaria.

En esas circunstancias, los juicios que iniciaron ayer en Madrid no sólo no servirán para avanzar en la solución al problema de Cataluña sino que, previsiblemente, lo empeorarán. Por añadidura, tales procesos políticos colocan al gobierno español en una situación internacional sumamente vulnerable, pues su autoridad moral para promover la democracia en el mundo resulta gravemente afectada, al ser exhibido como intolerante, autoritario y violador de derechos humanos fundamentales, como el que asiste a cualquier individuo para asumir las posiciones políticas que desee sin ser penalizado por ello.