Al reunirse con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) reconocieron el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar el financiamiento de sus casas de estudio, al tiempo que manifestaron su coincidencia con la política de austeridad impulsada por el titular del Ejecutivo como propósito principal de su gestión.

Con tales declaraciones pareció resolverse el desencuentro entre el gobierno federal y los directivos de las instituciones públicas de educación superior, el cual se desató el domingo pasado tras la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que contemplaba un recorte en el gasto de varias de estas instituciones. Cabe recordar que un primer paso hacia la distensión fue dado el martes, cuando López Obrador reconoció haberse comprometido, durante la campaña electoral, a no disminuir el financiamiento a las instituciones de educación superior, y ofreció corregir la propuesta presentada por la Secretaría de Hacienda.

Por su parte, el viraje de los directivos de las instituciones con respecto a la postura sostenida en días previos tuvo una coronación simbólica con el anuncio de Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el sentido de que la máxima casa de estudios prepara ya un plan de austeridad, además de que él mismo devolverá a la Tesorería una parte de su salario.

Por su parte, el titular de la Anuies, Jaime Valls, presentó una serie de compromisos, entre los que destacan la búsqueda de eficiencia del parque vehicular y uso de automóviles oficiales –tema que fue motivo de controversia en días recientes–, en la asignación y el uso de teléfonos móviles, los viáticos y gastos de representación, así como una gestión eficiente y eficaz.

Debe saludarse el que ambas partes hayan cedido en sus posiciones con el propósito de encauzar hacia una resolución armónica y consensuada lo que amenazaba con volverse una confrontación de largo aliento, máxime si se considera que la correcta operación de las instituciones públicas de educación superior constituye un tema de interés prioritario para el conjunto de la sociedad mexicana.

Sólo queda hacer votos porque los compromisos sean honrados por ambas partes. En lo que toca a las instituciones de educación superior, es de esperarse que la transparencia y la austeridad ofrecidas no se queden en mero propósito A fin de cuentas, en el caso de las universidades, la autonomía que las leyes les reconocen no las exime de estar sujetas al escrutinio público.