El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2019 que presentó en días recientes el Ejecutivo federal fija una reducción de 1.03 a 3.43 por ciento en los recursos federales destinados a las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), así como al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y otras instituciones de educación superior. El dato lleva a preguntarse en qué medida tal proyección presupuestal afectará el desempeño de esos centros de estudio –varios de los cuales habían solicitado, en cambio, incrementos en sus partidas– y si no perjudicará uno de los programas más importantes del propio gobierno federal, Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual requiere plazas adicionales para los 300 mil jóvenes a los que se proyecta incorporar a la educación superior.

Un caso crítico es el de la UAM, cuya unidad de Iztapalapa tiene inactivos dos edificios desde el sismo del 19 de septiembre de 2017 y requiere fondos para rehabilitarlos, algo que resultará imposible con el recorte de 3.43 por ciento en su presupuesto general, a menos que los recursos correspondientes sean previstos en el Programa Nacional de Reconstrucción que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 11 de diciembre anterior en Jojutla, Morelos, habida cuenta que el programa correspondiente de Ciudad de México estará exclusivamente enfocado a la restitución y reparación de viviendas.

Una consideración adicional necesaria es que hasta ahora los centros de educación superior se han quedado al margen del gran debate nacional que tiene lugar sobre las medidas de austeridad y de lucha contra la corrupción, con todo y que no están del todo a salvo –como tampoco lo están las instituciones del país– de ésta ni de prácticas dispendiosas. Como ha ocurrido en el Legislativo, en el Ejecutivo federal, en la Judicatura y en los organismos autónomos del Estado, es necesario y saludable incluir en la discusión los niveles de ingreso de los altos funcionarios de las universidades públicas, así como las posibles medidas para evitar que los recursos otorgados a esas entidades sean utilizados en forma indebida, no sólo con la finalidad de aplicar principios éticos y legales que deben ser adoptados por todo el sector público, sino para que presupuestos iguales o menores permitan cumplir con mayor eficiencia la misión de los centros de educación superior.

Por lo anterior, así como la sociedad ha conocido en días recientes las percepciones reales de los servidores públicos en distintas esferas del Estado, sería deseable que las universidades públicas realizaran un ejercicio de transparencia a este respecto y se adhirieran a las políticas de austeridad impulsadas desde la Presidencia.

Y no debe soslayarse, desde luego, que lo anterior debe realizarse con el más estricto respeto a la autonomía universitaria por parte del gobierno. Lo cierto es que si las instituciones de educación superior exhibieran ante la opinión pública la forma en que emplean los recursos que les son entregados, estarían en una posición más sólida y legítima para reclamar que el Congreso de la Unión incremente los que se ha planteado asignarles en el proyecto del PEF.