Tanto en los hechos como en la apreciación de los analistas y en las exigencias de diversos sectores sociales, en los recientes días se ha acentuado la posibilidad de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se encamine al fracaso o, cuando menos, a una serie de prórrogas de resultados imprevisibles. Al anuncio formulado el martes pasado desde Washington por los representantes de México, Canadá y Estados Unidos de que debido a las significativas diferencias conceptuales entre los socios, se impuso la necesidad de programar rondas adicionales de encuentros para el primer trimestre de 2018, ha de agregarse las voces de muy disímiles sectores que reconocen la posibilidad de un descarrilamiento en la renovación del tratado y señalan las falencias del mismo. Ese mismo martes, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) ratificó la propuesta generalizada entre las organizaciones campesinas del país de dejar la mesa de negociaciones en respuesta al maltrato y la falta de respeto que la delegación mexicana recibe de la parte estadunidense. Por otro lado, el premio Nobel de Economía Paul Krugman señaló como un error de los iniciales promotores mexicanos del TLCAN el haber impulsado el acuerdo con el argumento de que propiciaría crecimiento económico y reducción de la desigualdad sustanciales, puesto que éstos nunca son saldos automáticos de los procesos de liberalización, y ciertamente no se dieron en el caso de la integración norteamericana. Y ayer, en España, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) –el mayor grupo financiero que opera en México– sostuvo que las cláusulas inasumibles planteadas por Estados Unidos para la cuarta ronda de conversaciones incrementaron el riesgo de ruptura en el diálogo.

En lo que coincidieron los activistas mexicanos, el académico estadunidense y el banco español es en que, a contrapelo del discurso oficial sostenido durante el pasadocuarto de siglo, el TLCAN no es un factor imprescindible para la economía mexicana que deba sostenerse a todo costo, pues si bien su terminación supondrá necesariamente un reajuste económico complejo, el desarrollo del país tiene vida después o al margen del acuerdo, como en fechas recientes ha reconocido el propio gobierno mexicano.

Esta coyuntura, que yuxtapone las rondas adicionales planteadas con tiempos políticos en que el país se encontrará ya plenamente inmerso en el proceso de sucesión presidencial, proporciona un punto de inflexión idóneo para que las autoridades del país planteen a sus contrapartes posponer las negociaciones más allá del año entrante. En efecto, por elemental espíritu republicano y representativo, no es pertinente que un gobierno en su último tramo, con una capacidad decisoria irremediablemente debilitada, pacte medidas comerciales que están llamadas a modelar y modular la economía durante un plazo que excede en mucho a sus funciones. Atendiendo a la defensa de la soberanía y la dignidad nacionales, el gobierno mexicano tiene ante sí la oportunidad de levantarse de la mesa de negociaciones y dejar que sean las autoridades ejecutivas y legislativas que resulten electas en 2018 las que se encarguen de renegociar, revivir o cancelar la participación de México en el incierto bloque comercial de América del Norte.

A mayor abundamiento, en noviembre próximo Estados Unidos celebrará unas elecciones legislativas que podrían mudar su mapa político. También desde esa lógica es, pues, recomendable, que se proponga un compás de espera al proceso de renegociación como solución sensata y pertinente, tanto desde una visión democrática como en la perspectiva de la defensa de la soberanía nacional.