Lev M. Velázquez Barriga*

De manera conjunta, el gobierno gederal, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación decidieron posponer la evaluación del ­desempeño en Ciudad de México y otras nueve entidades de la República, si los docentes así lo solicitan. El principal motivo es que se trata de zonas afectadas por los sismos; sin embargo, aunque ciertamente lo están, existen otras explicaciones de carácter político que no deben ser desestimadas.

Cuatro de las entidades federativas en cuestión corresponden a lo que se puede nombrar como el territorio histórico de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca; sobra decir que en este corredor geográfico se encuentra el foco rojo de la oposición a la reforma educativa, ahí la participación en los procesos evaluativos es mínima, al grado de que la autoridad ha tenido que violar la legislación para convocar en más de tres oportunidades a los maestros, para intentar obligarlos o convencerlos con prebendas y aun así la asistencia ha sido insignificante, lo demuestra la realidad sin importar las maquilladas cifras oficiales.

La lectura de esta decisión, que particularmente me parece la más engañosa, es que el régimen esté enviando señales para una tregua política de cese al fuego con los maestros disidentes, en la idea de garantizar la estabilidad de todo el proceso electoral; es decir, hasta septiembre de 2018, en los últimos meses del presente gobierno, cuando se reanudaría la evaluación con la que se define la permanencia de los trabajadores de la educación.

Tal medida, también debe ser interpretada como una táctica de aislamiento hacia la CNTE, cuyo objetivo es acordonar el foco rojo de la disidencia magisterial a la evaluación y arrancarle lo que había levantado como estandarte de lucha nacional: que la reforma es de carácter federal y afecta por igual a todos los profesores del país, independientemente de su simpatía con cualquiera de las expresiones gremiales.

Con el aislamiento se busca mediatizar las demandas de la CNTE a la solución de sus problemas regionales o particulares de cada sección sindical; además, con ello se desprotegería a los maestros que están fuera de la franja geográfica en la que se ubica la desobediencia hacia la evaluación y que no han logrado consolidar una organización fuerte para defender por medio de la movilización social su estabilidad laboral.

En el mismo sentido y de manera complementaria a la táctica política del Estado, se puede leer la intención de desarticular las oleadas magisteriales del centro del país, que por su cercanía o pertenencia a Ciudad de México, pueden desplazarse en grupos pequeños, y en ocasiones numerosos, con mayor facilidad a los puntos de concentración, o bien, de dispersión de las movilizaciones callejeras contra la reforma educativa.

Todas estas pretensiones juntas –la supuesta tregua en periodo electoral, aislamiento de la CNTE, descobijo de los sectores educativos con mínima organización, así como la desarticulación de los profesores de las regiones cercanas a Ciudad de México– conforman la estrategia para la desmovilización del magisterio. Intentan recrear el efecto mediático y político presumido por Aurelio Nuño desde el ciclo escolar anterior, cuyo mensaje es que la reforma educativa se estabiliza y en consecuencia avanza sin resistencias ni descontentos y, si acaso hubiera, están focalizados.

La estrategia gubernamental coloca a la capital del país, en el centro neurálgico de los poderes y de la política nacional, fuera del escenario para la lucha de los maestros, pero también de su posible integración en la confrontación contra todo el régimen de corrupción y despojo que está tomando cuerpo en torno de la Asamblea Ciudadana por la Reconstrucción Nacional después de los desastres provocados por los sismos y las lluvias.

Los reformadores neoliberales no hicieron más que un stop en la dimensión evaluativa de la reforma educacional, donde ya sabían que se iban a encontrar con resistencias que la ponen en riesgo; incluso, ven una oportunidad para borrar las letras en rojo que demeritan los informes oficiales. Paralelamente al aplazamiento focalizado de la evaluación, el gobierno federal se dispone a continuar con el proceso de despojo de los derechos laborales en los otros 22 estados de la República.

En la gran mayoría de las entidades, los profesores no tendrán ni esa miserable opción de posponer para el próximo ciclo escolar la guillotina de su estabilidad en el empleo. No es suficiente la suspensión temporal de la evaluación obligatoria, para que sea un verdadero momento de júbilo tiene que ser una decisión definitiva y además que se aplique para todos sin excepción geográfica; para que eso sea posible, será necesario romper con la estrategia desmovilizadora del régimen que se presenta como acto de voluntad y sensibilidad social.