Orlando Delgado Selley

Tras los terremotos vividos en septiembre es indudable que el presupuesto federal debe ser ajustado a las nuevas necesidades. No se trata solamente del uso de los recursos asignados originalmente para el Fonden, sino de una reformulación que permita destinar los recursos necesarios para que las diversas áreas afectadas resuelvan sus procesos reconstructivos. Un insumo fundamental para este ajuste es la estimación de la magnitud de los daños. Otro es el reconocimiento de los márgenes de maniobra existentes en las propias finanzas públicas.

Las primeras estimaciones presentadas sobre la magnitud de los daños señalan una cantidad superior a 38 mil millones de pesos, que resultan de 13.6 mil millones por daños a la infraestructura escolar, 6.5 mil millones por viviendas en Oaxaca, 10 mil millones por esta mismo concepto en los estados de México, Morelos, Puebla y la Ciudad de México y 8 mil millones por daños al patrimonio cultural. Conforme se conocen mayores detalles queda claro que esta estimación seguramente subestima los costos de reconstrucción.

Sin embargo sirve para dimensionar el esfuerzo fiscal que deberá instrumentarse. El presupuesto federal propuesto para 2018 suma 5 billones 236.3 mil millones de pesos y considera un déficit presupuestario de 466.7 mil millones de pesos. La estimación inicial del costo equivaldría al ocho por ciento del déficit previsto. El déficit público representa el 2 por ciento del PIB estimado para 2018. Este déficit se propone como un balance de equilibrio, si se descuenta la inversión de Pemex, CFE y del fobierno federal. Un elemento adicional importante en el PEF 2018 es la deuda pública, que se propone pase de representar 47.9 por ciento del PIB este año a 47.1 en 2018.

Tanto la deuda pública como el déficit fiscal son objeto permanente de consideración por sus impactos macroeconómicos. El Gobierno Federal desde hace tiempo, se ha propuesto que las finanzas públicas tiendan al equilibrio, es decir, que el gasto público sea de la misma magnitud que los ingresos públicos. El equilibrio fiscal supone, en consecuencia, un endeudamiento neto igual a cero. De modo que con el crecimiento del PIB el tamaño relativo de la deuda pública disminuiría.

Para los llamados mercados el control sobre estas dos variables permite mejorar la calificación crediticia del país, lo que abarata cualquier endeudamiento adicional. En contraste, para una población que enfrenta una emergencia de extraordinaria amplitud lo que importa es atender adecuadamente los requerimientos que demanda la reconstrucción de los espacios afectados por los sismos. Para atender estos requerimientos socialmente necesarios se tiene que ampliar el gasto público.

Es evidente que el presupuesto presentado tendrá que modificarse por parte de la Secretaría de Hacienda. El Legislativo deberá valorar la propuesta que presente el Ejecutivo para atender la emergencia nacional considerando, en primer lugar, lo que se requiere para que las familias damnificadas puedan reconstruir sus hogares. El equilibrio fiscal y la reducción del tamaño relativo de la deuda pública sólo debieran considerarse, una vez reconocidos presupuestalmente los costos de los daños. Se trata indudablemente de magnitudes significativas que pueden, y deben, modificar la propuesta presupuestal para el año próximo.

El debate parlamentario sobre el presupuesto federal tiene que centrarse en lo que se requiere para resolver la crisis que enfrentan miles de familias, la reconstrucción del patrimonio cultural afectado, la seguridad de las instalaciones educativas. El tema de las asignaciones presupuestales a los partidos políticos desvía la discusión de fondo. El Legislativo debiera valorar cuidadosamente lo que verdaderamente se requiere. Considerar las opiniones de expertos independientes sobre costos y necesidades. El momento nacional exige seriedad.