Iván Restrepo

Uno de los más graves errores cometidos por el gobierno federal ha sido abandonar la política de comunicar al país por ferrocarril. Es un medio de transporte que contamina menos, se desplaza a gran velocidad y permite mover a miles de pasajeros, además de los artículos que produce la industria para el consumo interno y externo. El mismo error lo ha cometido la megaurbe que concentra la población de la capital del país y la de los estados de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. O en las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara. Agreguemos el corredor turístico más importante de América Latina: los 120 kilómetros que van de Cancún a Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum.

En vez del ferrocarril en sus diversas modalidades, las instancias oficiales dieron prioridad y protección a la industria automotriz, que saturó en unos cuantos lustros el sistema de movilidad urbana de las 50 ciudades principales y obliga a construir autopistas para el desplazamiento entre ellas a un alto costo económico, ambiental y social. A lo anterior se suma una enorme corrupción en beneficio de funcionarios, sus familiares y amigos, sean del país, como el Grupo Higa o las empresas involucradas en el Paso Exprés en Cuernavaca. O de España, con la trasnacional OHL.

Quedó en el olvido el tren que uniría a la megaurbe con Querétaro y que debía extender su trazo por el centro del país hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, en beneficio de millones de pasajeros y la movilidad de ciudades como Celaya, Irapuato, León, Guadalajara, San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey, entre otras. La línea 12 del Metro de Ciudad de México es otro ejemplo de incompetencia y negocios turbios de autoridades y empresas. Sus problemas no terminarán nunca, si nos atenemos a las declaraciones de los funcionarios responsables de evitar accidentes: cerca de 200 millones llevan gastados sólo en mantener en buen estado parte del trazo.

Ahora la atención está puesta en el Tren Interurbano que unirá la capital del país con Toluca y que entrará en servicio el año próximo. Es la obra cumbre del sexenio en transporte y debe beneficiar a miles de usuarios que hoy se desplazan por el poniente de los valles de México y Toluca. Pero no todo se ha hecho en beneficio del medio ambiente y de los habitantes por donde va el trazado de dicho tren. Comenzando por la afectación de áreas antes cubiertas de árboles y terminando con los posibles efectos negativos y peligrosos del trazo en la zona de Santa Fe. Si ya en esta parte de la ciudad existen problemas por nula planeación del uso del suelo y edificar sobre áreas que debían conservarse por su alta fragilidad, se teme que el trazo del Interurbano tenga problemas al correr por los viejos causes hidrológicos. Como el agua tiene memoria, como por el calentamiento global las lluvias serán cada vez más intensas en el poniente de la Cuenca de México, los especialistas alertan de posibles daños a la infraestructura de esa obra. Y aunque disminuirá en el corto plazo el flujo de vehículos particulares y de camiones de pasajeros con destino a Toluca y poblaciones vecinas, no está de más señalar que por las actuales vías terrestres seguirán contaminando los que tienen como destino final otras ciudades del centro y norte del país. Y que la interconexión del nuevo tren con el Metro de la capital del país creará nuevos problemas de movilidad y utilización del espacio urbano.

Si las autoridades y los legisladores tuvieran como prioridad el transporte público no contaminante, el tren sería una de las soluciones más efectivas y ventajosas.

Y para los de corta memoria: la violación y muerte en junio pasado de la joven Valeria en un microbús de la línea 40 del estado de México, siguió otra violación, la de Diana, en otra unidad de la Ruta 52. Estos dos casos evidenciaron la forma irregular en que funcionan las concesiones del transporte público en la vecina entidad. Las unidades en que ambas mujeres fueron vejadas, ostentan la leyenda donde se apoya al candidato Alfredo del Mazo. Acarreo de votantes a cambio de funcionar violando las normas mínimas de seguridad y comodidad. Y como en el caso del socavón en Cuernavaca, la corrupción y la impunidad se imponen.