Se cumplieron ayer cuatro meses del asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora de Norte de Ciudad Juárez. En ese tiempo los autores materiales e intelectuales de su muerte han gozado de impunidad y las autoridades estatales y federales han formulado abundantes declaraciones y promesas de justicia, pero ésta no parece encontrarse cerca. Por el contrario, y como sucede con el resto de las víctimas de la violencia que padecen la entidad y el país, las probabilidades del esclarecimiento y de la sanción a los responsables se reducen conforme pasan los días, los meses y las semanas.

En cambio, desde que Miroslava fue acribillada frente a su hogar en la capital chihuahuense, otros informadores y defensores de derechos humanos han caído bajo el impacto de balas que siguen siendo anónimas a pesar de los múltiples indicios que apuntan a la acción de grupos de la delincuencia organizada empeñados en silenciar voces que pueden afectar sus intereses. Tales son los casos, entre otros, de a luchadora por los desaparecidos Miriam Elizabeth Rodríguez, quien fue asesinada a tiros en su casa de San Fernando, Tamaulipas, el pasado 10 de mayo, y de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de es-te diario en Culiacán, en donde fue ejecutado cinco días después, presuntamente por documentar la actividad de organizaciones delictivas en Sinaloa.

Han resultado inútiles, hasta ahora, los mecanismos y las instancias creadas por el poder político para evitar o cuando menos investigar crímenes como los referidos; ha quedado desatendido el clamor social en demanda de justicia y en repudio a tales muertes y a su cauda de impunidad; de poco han valido los señalamientos internacionales –como los formulados por el representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, y el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza– sobre la extrema vulnerabilidad de periodistas y defensores de derechos humanos en el México actual.

Ciertamente, en materia de homicidios y desapariciones forzadas la prevalencia de la impunidad viene arrastrándose de años atrás y se consolidó y multiplicó a partir de la guerra declarada por el gobierno anterior contra el narcotráfico, y en esa circunstancia pareciera que la atrocidad del asesinato y, peor aún, la del asesinato sin castigo, parecieran caminar hacia la normalización, la costumbre y parte del panorama cotidiano.

Sería muy grave que la sociedad acabara por habituarse a las expresiones de violencia criminal y se resignara a los frutos de ésta como si se tratara de una fatalidad.

Es por eso que el ejercicio de la memoria y la ratificación de la exigencia de justicia resultan cruciales y necesarios, y es por ello necesario recordar que ayer se cumplieron cuatrro meses del asesinato de Miroslava Breach, y que ese crimen sigue sin esclarecimiento, justicia ni castigo.