José Steinsleger 

La injerencia de la ultraderecha israelí en Argentina empezó con el atentado dinamitero contra la embajada de Tel Aviv en Buenos Aires (17 de marzo de 1992, 22 muertos, 242 heridos), y abrió su filial el día en que otro bombazo redujo a escombros el edificio de la Asociación Mutual Israelita (AMIA), en el centro de la capital porteña (18 de julio de 1994, 85 muertos, 242 heridos).

A 25 y 23 años de los hechos, nadie sabe (empezando por la justicia argentina), quiénes fueron los planificadores, ejecutantes y cómplices de ambos atentados. Sólo hay conjeturas. Empero, curiosamente, parecería que tampoco nadie puede atreverse a dudar de la versión única y excluyente del Mossad. Que, como no, acusó sin prueba alguna a la República Islámica de Irán. Y el que disienta, corre peligro de incurrir en antisemitismo.

Con todo, en la búsqueda de la verdad aparecieron investigadores, analistas y agrupaciones de argentinos judíos (Memoria Activa, 16J, Apemia), que no se cruzaron de brazos. Por ejemplo, el ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas (DAIA) Jorge Elbaum, asegura que las relaciones carnales con Washington (de las que se ufanaba el gobierno de Carlos Menem), permitieron que Tel Aviv responsabilice a Irán de los atentados.

Elbaum dice que desde el primer momento, la causa AMIA se empantanó con la implantación de pistas falsas, y el posterior juicio por encubrimiento a Rubén Beraja (entonces director de la DAIA), el juez Juan José Galeano, el Servicio de Inteligencia de Menem (SIDE) y el comisario Jorge Fino Palacios (jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires), acusado de escuchas telefónicas ilegales a familiares de los muertos en la AMIA.

“El atentado –añade– fue puesto al servicio de exigencias foráneas desligadas de la investigación jurídica local, sirviendo de furgón de cola de las derechas nativas. Así, el conflicto de Medio Oriente se exportó a la Argentina, imponiendo la agenda del primer ministro Bibi Nethanyaju y el partido ultraderechista Likud, consistente en la defensa de su política colonial y la continuidad de la ocupación de Palestina”.

Elbaum asegura que el atentado a la AMIA se utilizó para saldar oscuras negociaciones de la élite judía por la venta de armas, triangulaciones de pertrechos militares, y sombrías vinculaciones entre servicios de seguridad nacionales y extranjeros. Tal fue el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien fingía dedicarse a la investigación de la tragedia, mientras trataba con las fuerzas que le declararon la guerra política a Cristina Fernández de Kirchner, y los gobiernos progresistas de América Latina.

En ese sentido, es importante recordar las presiones que recibió Nisman para ampliar a la ex presidenta, el cargo de traición a la patria entablado contra su canciller (Héctor Timerman), a raíz del memorándum de entendimiento con Irán. Iniciativa que pretendía lograr las declaraciones testimoniales de los acusados del país persa, para efectivizar el juicio del atentado a la AMIA.

Así las cosas, el funcionario de la DAIA Jorge Knoblovits celebró a mediados de 2015 una conferencia conjunta con el terrorista cubano y agente de la CIA Carlos Alberto Montaner, en el Beth Torah Benny Rock Campus. Un templo confesional de Miami vinculado a la llamada Liga Antidifamación (Anti-Defamation League), lobby plutocrático de la ultraderecha israelí en Wall Street, y el Congreso de Estados Unidos.

En la conferencia, Knoblovits y el todo terreno Montaner asociaron a Nisman con el golpista venezolano Leopoldo López, tratando a ambos como patriotas víctimas del populismo latinoamericano. De paso, transmitieron la supuesta responsabilidad del gobierno de Cristina en el asesinato del fiscal Nisman (nunca aclarado), al tiempo de deslegitimar al candidato oficial a la presidencia Daniel Scioli, para contribuir a la victoria de Mauricio Macri.

Con Macri, la DAIA y la AMIA sentaron sus reales. Y para ello, los simpatizantes argentinos del Likud son asesorados por el siniestro diputado Waldo Wolff, quien a más de figurar en los Panama Papers fue uno de los que, con el apoyo de los diarios Clarín y La Nación, difamó al juez Daniel Rafecas por haber desestimado en dos ocasiones los dictámenes sobre el asesinato de Nisman.

Como fuere, Wolff urdió las cosas para que el fiscal fuera enterrado en el cementerio judío de La Tablada, en un lugar de privilegio. Una disposición que la tradición niega a sus fieles, pues el suicida judío no puede ser inhumado en dicho perímetro, y la justicia aún no ha fallado sobre las causas del deceso. Fuera de eso, Wolff opera como representante de la dirección de cooperación de defensa internacional que SIBAT, entidad que reúne a la totalidad de las empresas de seguridad pública, mixta y privada.

En enero de 2016, la ministro de Seguridad Patricia Bullrich y Wolff fueron recibidos en Tel Aviv por el ministro de Defensa Avidgor Lieberman. Y en julio del mismo año, en Buenos Aires, se llevó a cabo un seminario auspiciado por Wolff, entre otros. Invitado especial: el coronel Uzi Moskovitz, referente de cyberseguridad del enclave neocolonial.