Aída Hernández Castillo

El 6 de julio pasado una nueva masacre tuvo lugar en el penal de Las Cruces, en Acapulco, Guerrero. Las cifras de muertos van en aumento, a dos días del estallido de violencia la Fiscalía General del Estado reportaba 34 muertos y 32 heridos. Como siempre, la responsabilidad del motín cayó sobre las distintas bandas del crimen organizado que se disputan el control del penal. Ahora se responsabiliza al cártel Independiente de Acapulco (CIDA); en el penal de Topo Chico, donde en 2016 murieron 49 reos, se responsabilizó a Los Zetas. Poco se dice de la red de complicidades y corrupción que ha permitido que 65 por ciento de las cárceles mexicanas estén bajo el control del crimen organizado.

En el motín de Acapulco se usaron armas de alto poder AR-15 y AK-47. Quienes hemos trabajado en prisiones mexicanas sabemos que cada lápiz o cuaderno que entre a la prisión debe de ser revisado y autorizado por el personal de seguridad. Meter armas requiere necesariamente del respaldo del personal penitenciario que de manera directa o indirecta ha sido cómplice de la masacre. En el contexto de graves violaciones a los derechos humanos que se vive en México, el asesinato de reos no parece ya conmover a nadie. Cada vez la violencia perpetrada es mayor. En el penal de Las Cruces se reportaron seis cuerpos decapitados y decenas más con señales de tortura, lo cual nos habla no de un motín espontáneo, sino de un proceso de exterminio que contó con las condiciones y el tiempo necesario para ejercer esas mutilaciones corporales.

¿Hemos perdido la capacidad de indignarnos ante esta violencia? El hecho de que los muertos sean en su mayoría hombres pobres, considerados delincuentes, parece justificar su exterminio. Al igual que pasa ante el fenómeno de los “ levantados por el narco”, el discurso dominante es que se lo buscaron, sin que nadie quiera saber más sobre las vidas de las víctimas o las condiciones que posibilitaron su muerte o su desaparición. Nos olvidamos que en las cárceles mexicanas 40 por ciento de la población está aún siendo procesada, es decir, que ni siquiera se ha probado su culpabilidad y que la criminalización de la pobreza tiene las prisiones llenas de hombres y mujeres que han cometido delitos menores y que no han podido pagar el precio de la justicia. Son estas personas que las terminan extorsionadas, esclavizadas y muchas veces asesinadas por las mafias que controlan los penales.

Las fotos de los reos asesinados en Las Cruces nos muestran cuerpos morenos mutilados. Parecería que se trata de cuerpos desechables que no parecen conmover a nadie, más que a sus madres y esposas que lloraban a gritos fuera del penal. ¿Nos hemos acostumbrado a que haya vidas más valiosas que otras y muertes más lamentables? La masacre de Las Cruces no es un caso aislado. Tan sólo en los últimos seis años hemos sido testigos silenciosos de 13 episodios de violencia generalizada en cárceles del país, donde han muerto 266 reos y 198 han resultado heridos. Los mismos informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han venido denunciando las condiciones que posibilitan esta violencia, que incluyen no sólo el hacinamiento, la sobrepoblación y la falta de personal de las cárceles, sino la existencia del llamado autogobierno que funciona con la venia de las autoridades penitenciarias.

Más que centros de readaptación social, las cárceles se han convertido en centros de reclutamiento y fuentes de extorsión para el crimen organizado. Los reos del fuero común viven aterrorizados y muchas veces esclavizados por la mafia uniformada y sin uniforme que controla los penales. Resulta urgente exigir que se transformen las condiciones estructurales que posibilitaron estas masacres. Todas las vidas son valiosas, no podemos perder la capacidad de indignarnos y protestar ante tanta violencia.