Alejandro Nadal

Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se mantienen en una trayectoria peligrosa. Los vínculos personales de Trump y algunos de sus asociados (y miembros del gabinete) con compañías y oligarcas rusos son estrechas. Hay muchos intereses de por medio, desde astronómicas inversiones en el sector energético, hasta transacciones gigantescas en bienes raíces y otros sectores de la economía real y las finanzas. Eso explica el deseo del presidente estadunidense de mejorar las relaciones con Moscú.

Sin embargo, una buena parte del establishment en Washington está decidida a promover un clima de tensión y de antagonismo directo. Para muchos conservadores y liberales la animadversión a Rusia parece ser un terreno en el que pueden estar de acuerdo. El resultado es una lucha larvada entre la Casa Blanca y el Capitolio por el control de la política de Estados Unidos hacia Rusia.

El 15 de junio pasado el Senado estadunidense aprobó la ley S722, que lleva por título Ley para examinar y contrarrestar las agresiones de Irán y Rusia. La sección sobre Rusia fue añadida a una ley dirigida a endurecer las sanciones contra Irán. Pero el añadido resultó ser más grande e importante que el texto principal que se concentraba en las medidas contra Teherán. A pesar de lo que podría indicar su título, la mayor parte de este nuevo instrumento está dedicado a Rusia. Se trata de una nueva escalada en la aplicación de sanciones en contra de individuos y empresas en Rusia. Y algunas de las sanciones podrían aplicarse a empresas europeas interesadas en invertir en proyectos energéticos que Rusia considera prioritarios.

Lo más importante de la nueva ley es que codifica las sanciones existentes, lo que impide que el inquilino de la Casa Blanca pueda eliminar dichas sanciones de un plumazo a través de una simple orden ejecutiva. Esta medida es vista por Trump y sus asesores como una verdadera declaración de guerra en contra del Poder Ejecutivo. Lo cierto es que el presidente ya no podrá utilizar su poder discrecional sobre estas sanciones en las negociaciones que seguramente abrirá próximamente con Putin.

La parte más importante de la nueva ley expande las sanciones que ya se aplican contra Rusia en el sector energético. En la actualidad, las sanciones existentes prohíben a empresas en países occidentales proveer de bienes y servicios para el desarrollo de los llamados proyectos de siguiente generación en el sector energético ruso. Estos proyectos incluyen las inversiones en plataformas marinas en el Ártico, perforaciones de muy grandes profundidades, así como las inversiones en petróleo y gas de esquistos. La nueva ley aplica sanciones a las empresas rusas involucradas en este tipo de proyectos independientemente de su ubicación. Esto hace más difícil la adquisición y asimilación de nuevas tecnologías de perforación por parte de estas empresas rusas.

Más aún, la nueva ley aplica sanciones a empresas extranjeras que hagan inversiones significativas en los proyectos energéticos de siguiente generación. Éste es un caso de sanciones secundarias que tiene muchas implicaciones. La industria extractiva de petróleo de esquisto en Estados Unidos ha sufrido el colapso de los precios de crudo, pero se ha podido recuperar con un gran esfuerzo de reducción de costos de producción. Sin embargo, su temor de que algunos competidores pudieran arrebatarle parcelas del mercado es una fuerte motivación para imponer restricciones a las inversiones en este sector en Rusia.

El impacto de estas sanciones sobre el sector energético en Rusia es considerable. Lo más probable es que retrase el desarrollo de los nuevos proyectos durante muchos años. Para Moscú ese golpe es algo que no se puede perdonar. Pero eso ni siquiera es lo peor.

La nueva ley sancionaría a empresas que participen en el proyecto Nord Stream II, que conecta a Rusia con Alemania por medio de un gasoducto desde el Báltico. En los hechos, esta medida está dirigida a entorpecer las exportaciones de energéticos a través de ductos o por medio de buques tanques. Y aquí la ley también fortalece el régimen de sanciones existentes en materia de privatizaciones que otorguen beneficios exorbitantes a funcionarios de empresas cuyos activos sean vendidos al sector privado. Es decir, la ley se dirige a los oligarcas que controlan sectores estratégicos de la economía rusa. Son los mismos oligarcas que antes han sido útiles para todo tipo de negocios turbios con empresas estadunidenses. Hoy las prioridades han cambiado.

Las sanciones que Washington quiere imponer a Rusia están relacionadas con sus objetivos en Ucrania, Siria y con su afán de controlar el mercado mundial de energéticos. Trump podrá estar más interesado en los proyectos de sus empresas y las de sus amigos (como Tillerson, su secretario de Estado). Pero las prioridades de los imperios suelen ser más importantes que las del emperador en turno. Las sanciones impuestas a Rusia constituyen un acto hostil. Muchas guerras han comenzado con este tipo de medidas.