El miércoles pasado se divulgó una grabación que involucra al actual presidente brasileño, Michel Temer, en una negociación de sobornos con Joesley Batista, director del emporio cárnico JBS SA, para lograr que el ex líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, actualmente preso por cargos de corrupción, guarde silencio sobre, presumiblemente, las maniobras ilegales que desembocaron en la defenestración de Dilma Rousseff, en agosto del año pasado, en el contexto de lo que ha sido descrito como golpe de Estado parlamentario en contra de una mandataria democráticamente electa.

Más allá de la feroz reacción de los medios informativos tradicionales, de las redes sociales y de las expresiones que demandan elecciones presidenciales ya, Temer se enfrenta a la decisión del Tribunal Supremo de abrir una investigación por sospechas de corrupción en contra del jefe de Estado y a cuatro peticiones de juicio político (impeachment) presentadas por diversas fracciones parlamentarias.

Hasta ayer, la reacción de Temer fue atrincherarse en su escritorio, anunciar que no renunciará y acusar a las instancias judiciales y legislativas que se han echado a andar en su contra de pretender tirar a la basura los logros de su gobierno, los cuales son, en realidad, graves retrocesos en la política social seguida por las presidencias emanadas del Partido de los Trabajadores (PT) y una recaída en los excesos del neoliberalismo más ortodoxo y devastador.

Lo cierto es que en torno al gobernante afiliado al Partido del Movimiento Democrático Brasileño se ciernen, como piezas de una pinza, la investigación judicial y las iniciativas presentadas en el Congreso por diversas bancadas, incluida la del Partido Social Demócrata Brasileño, hasta ahora aliado del gobierno, para emprender un juicio político.

No podría ser de otra manera si se toma en cuenta que, según todos los indicios, Temer ocupa el cargo a consecuencia de una vasta conjura político-empresarial alentada por la corrupción para sacar a Rousseff del cargo, pese a que nadie ha podido presentar una acusación firme de nada en contra de la ex presidenta y que, en cambio, en las filas del golpismo parlamentario proliferan los investigados, indiciados, procesados y encarcelados por operaciones financieras ilegales: todo indica que la base de apoyo del presidente sustituto ha experimentado un rápido proceso de descomposición como resultado de negociaciones desafortunadas y ante la montaña de irregularidades y falsedades sobre la que fue construida.

Así, quienes causaron una crisis política en contra del último gobierno del PT y luego ofrecieron sacar de ella al país, ahora se encuentran sumidos en un pantano de disputas, acusaciones y contracusaciones, y no se ve próxima, ni siquiera posible, una salida de esa crisis.