En la Conferencia de Seguridad de Centroamérica (Centsec 2017), realizada ayer en Cozumel con el patrocinio de las secretarías mexicanas de la Defensa Nacional y de Marina y de los comandos Norte y Sur de Estados Unidos, que reunió a ministros, mandos militares y funcionarios de seguridad de México, Centroamérica y Panamá, el general guatemalteco Juan Manuel Pérez Ramírez, jefe del Estado Mayor de su país, dijo que las fuerzas armadas de México y Guatemala, con el apoyo del Comando Sur, proyectan integrar una fuerza de tarea conjunta para efectuar patrullajes terrestres y aéreos en la frontera común, con el propósito de intercambiar información e inteligencia, a fin de combatir a la delincuencia organizada. El proyecto, indicó, se ha venido elaborando desde hace cinco años y contará con una base operativa en el departamento del Petén, fronterizo con México.

Lo que allí se dijo resulta sumamente preocupante, por cuanto exhibe el punto al que los países situados al sur del río Bravo han llegado en materia de cesión de soberanía ante Estados Unidos y el rezago intelectual de los responsables de defensa y seguridad, quienes insisten en un modelo de combate a las drogas impuesto hace décadas por Washington, que –como han señalado múltiples voces políticas, sociales e institucionales en el mundo– resulta manifiestamente obsoleto y contraproducente.

Sobre el primer punto resulta exasperante que la sociedad mexicana se entere por boca de un militar extranjero –el general Pérez Ramírez– que efectivos castrenses estadunidenses se aprestan a operar en el territorio nacional, una situación que resulta claramente contraria a las consideraciones más elementales de soberanía.

De ser cierto ese dato, ha de concluirse que el Estado mexicano se encuentra en proceso de una renuncia progresiva de facultades esenciales en materia de preservación de la independencia y la integridad territorial: si en el sexenio pasado se permitió la operación de funcionarios civiles de Washington en tareas de combate al narcotráfico y de persecución de migrantes centroamericanos, en éste se habría autorizado a militares del vecino país del norte a integrarse en la lucha contra la delincuencia organizada.

El asunto amerita una explicación puntual de las máximas autoridades civiles y militares nacionales y, en su caso, una rectificación, a la espera de que semejante alteración de los lineamientos históricos del Estado sea sometida a debate público y consulta nacional.

En otro sentido, llama la atención y alarma la insistencia de algunos participantes en el encuentro de Cozumel en normalizar la participación de fuerzas armadas en el combate a la criminalidad, algunos de ellos en forma tan desinformada como la del ministro salvadoreño de Defensa, general David Munguía, quien opinó que los militares mexicanos intervienen en esa actividad con respeto a su marco legal vigente, sin saber que ese marco no existe y que en estos momentos se desarrolla en el país un intenso debate sobre la conveniencia de establecerlo, en el contexto de la proyectada ley de seguridad interior.