La situación del secretario de Justicia (o fiscal general) de Estados Unidos, Jeff Sessions, alcanza un grado de escándalo y desfiguro que hasta hace poco tiempo habría sido inimaginable en ese país. Para empezar, el ahora funcionario se reunió en secreto en dos ocasiones, cuando era parte del equipo de campaña de Donald Trump, con el embajador de Rusia en Washington, Sergei Kislyak, justo cuando el país se veía sacudido por el escándalo de las intercepciones electrónicas de los correos de la candidata rival, la demócrata Hillary Clinton. Posteriormente se dio a conocer que Sessions había mentido ante el Senado al ocultar esos encuentros.

Ahora, paradójicamente, en tanto que secretario de Justicia, este radical de derecha tendría que encabezar la investigación de presuntos ilícitos graves cometidos por él mismo: tanto los encuentros con un representante diplomático cuyo país era acusado por Washington de lanzar un ciberataque de grandes dimensiones sobre un ala de la institucionalidad política del país como su declaración mendaz –realizada bajo juramento– ante la cámara alta del Capitolio.

Evidentemente, estas conductas de Sessions no sólo lo inhabilitan para hacerse cargo de las pesquisas en torno a la supuesta interferencia de Moscú en el reciente proceso electoral estadunidense, sino que han demolido su credibilidad personal ante la sociedad y los miembros de la clase política de Washington, independientemente de su filiación republicana o demócrata. En tal circunstancia, en cualquiera otra coyuntura política, el aún fiscal general habría debido separarse de inmediato del cargo o ser removido por su jefe, el presidente.

Sin embargo, en el incierto y grotesco arranque de la nueva administración, Trump se ha empeñado en sostener en el puesto a su impresentable colaborador. Con ello, el magnate republicano corre el riesgo de unificar en su contra al Congreso y a la burocracia del aparato estatal, así como, por descontado, al grueso de la opinión pública.

La tozudez de Trump en ciertos tópicos polémicos sigue siendo un enigma, pero en el caso de Sessions resulta inocultable que, después del obligado sacrificio de varios de sus colaboradores que se revelaron como no idóneos para los empleos que se les asignó o pretendió asignar, o que en cuestión de días entraron en conflicto con la Casa Blanca, el mandatario republicano ha decidido atrincherarse no en su fortaleza, sino en su debilidad.

Las lógicas del contrapeso de poderes indican que el magnate neoyorquino no podrá, sin embargo, mantener por mucho tiempo a su secretario de Justicia, y menos distraer las investigaciones en torno a la alegada injerencia rusa, que habría inclinado la balanza electoral en su favor y en detrimento de Clinton. Por lo pronto, Trump no sólo se ha infligido un severo daño político, sino que, de paso, ha provocado con sus manejos torpes e inescrupulosos un inocultable deterioro en el tramado institucional de Washington. Cabe preguntarse hasta dónde, y por cuánto tiempo, demócratas y republicanos estarán dispuestos a tolerar esta manifiesta obra de destrucción de sus instituciones.