El dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, acusó ayer a Andrés Manuel López Obrador de ser cómplice y sostener una hermandad criminal con el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, quien fue expulsado del tricolor en octubre pasado.
El PRI distribuyó un mensaje de su dirigente nacional pleno de adjetivos contra el presidente del partido Morena. Ochoa Reza da por hecho, según el comunicado, que López Obrador recibió dinero de Duarte e incluso sugiere que están lavando parte de esos recursos ilegales en la campaña de Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del estado de México, contienda en la que el tricolor concentra la mayoría de su agenda y movilizaciones.
El dirigente priísta pide a las autoridades fincar responsabilidades legales por los millones de pesos que López Obrador y su partido recibían mensualmente de Javier Duarte para la campaña en Veracruz y posiblemente para otras entidades.
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados propuso un dictamen de ley de seguridad interior, donde se defina una intervención permanente del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, y para ‘‘identificar, prevenir y atender riesgos’’, sin que se requiera una declaratoria previa.
En el proyecto, entregado a los integrantes de la comisión, se planteó que las fuerzas armadas realicen ‘‘las acciones que sean necesarias, pertinentes y eficaces en áreas del país, vías generales de comunicación e instalaciones que lo requieran’’.
Si bien el PRI anticipó que ante las posturas de PAN y PRD, esa ley no se aprobará en el periodo de sesiones que concluye la próxima semana, la secretaría técnica de la comisión envió el documento para su revisión, donde precisó que, cuando se detecten amenazas ‘‘que representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente, bajo su estricta responsabilidad, podrá ordenar acciones inmediatas’’ de militares.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, celebró que la Cámara de Diputados haya postergado la aprobación de la ley de seguridad interior, pues es receptiva a la demanda de la sociedad para que haya una discusión amplia sobre el tema.
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), recordó por su lado que el Ejecutivo da a esta iniciativa la mayor importancia, pero respeta los tiempos del Poder Legislativo.
Entrevistado al término de la instalación de la Mesa nacional de armonización legislativa sobre la reforma constitucional de derechos humanos, en la Cámara de Diputados, el ombudsman también hizo un llamado a los gobiernos estatales a profesionalizar sus policías. ‘‘Llevamos 10 años en esta tarea; no ha pasado y tampoco ha habido consecuencias por la falta de ese cumplimiento’’, lamentó.
La sombra de la falta de garantías para ejercer el periodismo y el aumento de los asesinatos y las amenazas a los comunicadores en México se hizo presente en la gira de trabajo del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, quien escuchó la preocupación y denuncia ante el hecho de que nuestro país sea uno de los más peligrosos del mundo para informar.
Sólo en marzo fueron asesinados tres informadores, entre ellos la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach Velducea.
Estos hechos tuvieron un fuerte impacto en una parte de la prensa española; de hecho, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE), Elsa González, aseguró que ‘‘México se había convertido en un cementerio de periodistas’’.
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De acuerdo a una nota publicada en el portal de Cambio de Michoacán que da cuenta de la posible destitución de la directora del Instituto de Investigaciones