Padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y un grupo de normalistas mantienen bloqueados desde ayer muy temprano los tres accesos del edificio sede de la Procuraduría General de la República (PGR), en demanda de una mesa de diálogo con el procurador, Raúl Cervantes Andrade, y funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
El personal que desde las siete de la mañana empezaba a llegar a la dependencia no pudo ingresar y muchos permanecieron varias horas en calles aledañas, mientras los padres y madres advirtieron que dicha acción se levantará hasta concertar el encuentro con los funcionarios.
Hasta el cierre de esta edición el bloqueo de los tres accesos que tiene la dependencia –Paseo de la Reforma, Río Neva y Río Guadiana– se mantenía.
La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que ampliará la búsqueda de los 43 jóvenes normalistas con tecnología Lidar, en más de 60 kilómetros cuadrados en los alrededores de Iguala, lo cual, independientemente de su costo, refleja el compromiso de agotar todas las posibilidades hasta dar con el paradero de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, toda vez que la búsqueda anterior se limitó a un kilómetro.
Sostuvieron lo anterior la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, y el fiscal del caso Iguala de la PGR, Alfredo Higuera Bernal, quienes confirmaron que están pendientes de cumplirse siete órdenes de aprehensión ‘‘entre ex policías municipales y civiles’’, además de que de ocho casos de detenidos que denunciaron que fueron torturados dos arrojaron resultados positivos. Sin embargo, Higuera precisó que quedarían sin efecto las declaraciones de los quejosos, no así el resto de las indagatorias.
Las autoridades afirmaron que el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, está en la mejor disposición de entrevistarse con los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, que es una de las exigencias que motivaron la instalación del plantón frente a la PGR, pero precisaron que el acuerdo suscrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que el encuentro será a finales de mayo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó que el estado de Texas haya promulgado la Ley SB4, ya que podría ‘‘tener efectos negativos para los mexicanos o personas de ese origen’’, pues permitirá que agentes de procuración de justicia estén facultados para cuestionar la situación migratoria de cualquiera durante un arresto, detención u operativo de rutina.
La cancillería mexicana hizo ver que es lamentable que se haya aprobado esta nueva ley, la cual impactará a los connacionales que viven o visiten Texas. Manifestó además su preocupación respecto de la ley SB4, ya que ‘‘contiene elementos que podrían ser lesivos para los derechos humanos de las personas mexicanas y también las de origen mexicano que viven en ese estado y representan cerca de una tercera parte de su población total’’.
Comunidades y organizaciones de Veracruz señalaron al relator de Naciones Unidas sobre Agua y Saneamiento, Léo Heller, la necesidad de que el Estado mexicano proteja los recursos hídricos de los pueblos indígenas y campesinos, reconozca jurídicamente los sistemas tradicionales con los que las comunidades se autoabastecen y favorezca su participación en la toma de decisiones.
El pasado 5 de mayo el relator acudió a los municipios Filomeno Mata y Papantla, donde realizó recorridos y escuchó a las distintas comunidades y organizaciones que trabajan para la salvaguarda de esos derechos, informaron la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de la Huasteca y el Totonacapan, la Alianza Mexicana contra el Fracking y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre otras organizaciones.
Mtro. José María Gerardo Carmona Rocha Aspirante a Rector
NUMERO 18 JUN-JUL 2023
Jose María Carmona
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José María Carmona
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