Medio centenar de periodistas protestaron en esta capital en solidaridad con los siete comunicadores que fueron retenidos el sábado por unos cien civiles armados, que los despojaron de sus equipos de trabajo en inmediaciones del municipio de Acapetlahuaya.
Durante la protesta, el reportero Jesús Saavedra recordó que el sábado ‘‘los compañeros Sergio Ocampo, Alejandro Ortiz, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Jair Cabrera, Hans Musielik y Pablo Pérez García acudieron a la región de Tierra Caliente a una cobertura informativa, y cuando regresaban fueron detenidos por un centenar de hombres fuertemente armados, quienes con total impunidad los despojaron de una camioneta, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, de video, computadoras, dinero en efectivo e identificaciones’’.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó la agresión perpetrada el pasado sábado por un grupo de hombres armados en contra de periodistas de medios locales, nacionales e internacionales en el estado de Guerrero.
‘‘Permitir que grupos armados intimiden, agredan o violenten a periodistas obliga a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno cumplan con su obligación de garantizar la seguridad de la población y el libre ejercicio de la libertad de expresión en México’’, señaló el organismo nacional.
En un comunicado, la CNDH informó haber entablado comunicación telefónica con Eric Chavelas Hernández, del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, con objeto de ofrecer las acciones y el acompañamiento necesario a los periodistas agredidos.
En un acto más para exigir la verdad y la justicia, así como para demandar a las autoridades la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ayer en el Monumento a la Revolución se vivió una jornada más en la incansable lucha de los familiares de los estudiantes desaparecidos desde septiembre de 2014.
Acompañados por integrantes de organizaciones de la sociedad civil, artistas y ciudadanos, los padres y madres de los normalistas convocaron a un acto político y cultural denominado Cuatro puntos para la verdad y la justicia, donde insistieron en que la Procuraduría General de la República (PGR) abra cuatro líneas de investigación para resolver el caso.
Entre música, baile y performance, los familiares de los 43 normalistas aseguraron que no descansarán hasta que el gobierno de Enrique Peña Nieto ‘‘nos entregue a nuestros hijos, hasta que nos diga qué fue lo que realmente pasó’’ entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
A partir del gobierno de Ernesto Zedillo se incrementaron las acciones para combatir al crimen organizado y la participación de militares en esas operaciones; sin embargo, en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no existe ningún registro documental a ese respecto o que los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto hayan dado instrucciones por escrito que sustentara el despliegue de elementos castrenses en tareas de combate al narcotráfico o de seguridad pública.
En ese contexto, la fracción sexta del artículo 89 de la Carta Magna señala como parte de las facultades del Presidente de la República ‘‘preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación’’.
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