Las comisiones senatoriales que elaboran la ley de desaparición forzada acordaron reducir a la mitad la pena por ese delito a quienes colaboren con las autoridades para encontrar a la persona desaparecida. Con ese cambio, la pena se reduce de 40 a 20 años, y fue solicitada por los familiares de las víctimas.
Esta modificación y la necesidad de revisar las más de 200 cuartillas que forman el articulado de la nueva ley, llevaron a que la reunión programada se pospusiera para la mañana de este miércoles.
Las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos, Angélica de la Peña (PRD); de Justicia, Pilar Ortega (PAN) y la de Gobernación, Cristina Díaz (PRI), comentaron que la intención es que el dictamen se apruebe en comisiones y después ante el pleno. El artículo 30 de dicha ley establece la sanción de 40 a 60 años de cárcel por desaparición forzada, aunque la misma puede llegar a 90 años.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil exigieron al Congreso una ‘‘moratoria legislativa’’ en las iniciativas pendientes de la fiscalía anticorrupción, ley de seguridad interior y el cambio de la Procuraduría General de la República a fiscalía, entre otras, a fin de convocar a una mesa de trabajo donde se discuta con seriedad y transparencia la transformación de nuestros sistemas de seguridad y justicia.
Agrupados en los colectivos #SeguridadSinGuerra y #FiscalíaQueSirva, las organizaciones civiles alertaron sobre varias evidencias que apuntan a un ‘‘albazo legislativo’’ para aprobar, al cierre del periodo de sesiones, la ley de seguridad interior, que avalaría la presencia de las fuerzas armadas en seguridad pública.
‘‘A pesar de las advertencias de académicos y expertos, así como de organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, los legisladores quieren dar paso a iniciativas que tienen el potencial de agravar la crisis de inseguridad, las violaciones a los derechos humanos, el deterioro del estado de derecho y el incremento sin control de la violencia en México’’, señalan en un comunicado conjunto.
Cerca de un millón 800 mil estudiantes de educación básica y bachillerato en el país han consumido alguna droga; de ellos, casi 150 mil son niños de quinto y sexto grado de primaria, aseveró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers.
Subrayó que sin importar cuál sea la posición de los directivos de los centros de educación superior acerca del consumo recreativo de la mariguana, las autoridades universitarias estamos en contra de su uso en los espacios escolares y en sus inmediaciones.
Durante el primer trimestre de este año varias entidades de la República registraron alta incidencia de homicidios dolosos e incluso se ubicaron niveles similares de sus máximos históricos.
Sin importar el partido en el gobierno, el crimen y su combate por el control de plazas no tiene límite.
Integrantes del gabinete de seguridad advierten que existe una persistente lucha de grupos criminales por el control de plazas, así como movimientos y escisiones en cárteles de la droga.
Por ejemplo, en lo que va del sexenio, Guanajuato tuvo su máximo histórico en septiembre de 2016, con 106 fallecimientos por asesinatos intencionales; en 2015, registró un repunte fue en agosto, con 102 crímenes de este tipo.
Mtro. José María Gerardo Carmona Rocha Aspirante a Rector
NUMERO 18 JUN-JUL 2023
Jose María Carmona
LA CONTROVERSIA ECONÓMICA ANTE LA REFORMA AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA FEVAQ DE LA UM.
José María Carmona
Los fenómenos económicos y financieros contemporáneos necesitan interpretaciones y explicaciones con un rigor analítico y sistemático, esto requiere de la profesión de los economistas y sobre todo
Un debate ha provocado López Obrador, cuando anunció que el próximo 5 de febrero enviara un conjunto de reformas constitucionales al Congreso de la Unión, donde destaca el problema de