Víctor Ballinas

En el primer día de parlamento abierto para la reforma del Poder Judicial, que el Senado realizó a distancia, el director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Ariel Alberto Rojas Caballero, cuestionó si éste es el mejor momento para discutir y aprobar una reforma judicial, cuando se vive una pandemia mundial que en México ha dejado más de 100 mil muertos.

Esto, subrayó el magistrado, ha cambiado las prioridades presupuestales, vivimos una crisis económica seria y la pobreza en México se va a incrementar a niveles nunca antes vistos. Refirió que las grandes reformas al Poder Judicial, como la de 1978, la de 1994, incluso la de 2010, se hicieron con suficiencia presupuestaria. En este momento, precisó, el Poder Judicial de la Federación tiene el gran reto de implementar la reforma laboral y ahí compromete recursos muy importantes. Una reforma judicial sin el presupuesto adecuado está condenada a ser letra muerta.

Rojas Caballero aludió que en este parlamento abierto, con todo respeto, hay puras amigas y amigos, no veo a los representantes de las organizaciones no gubernamentales, no veo a los representantes de las barras y colegios de abogados más significativos de nuestro país, creo que éste es un proceso que se ha hecho cupularmente y que no ha sido ampliamente discutido.

Alejandro Sergio González, consejero de la Judicatura Federal, expuso que la creación de los tribunales colegiados de apelación proporcionará mayor racionalidad y confiablidad en el ejercicio de la jurisdicción y fortalecerá el sistema de justicia, al garantizar medios de impugnación efectivos, acordes con la normativa nacional e internacional.

El secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guerrero Zazueta –fue abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, sostuvo que esta iniciativa se compromete a cumplir con la independencia de los jueces, el reforzamiento de los órganos del Poder Judicial como figuras garantes de transformar la Constitución y hacer valer los derechos humanos.