Gustavo Castillo García

La Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) trabajan de manera coordinada para determinar la participación de funcionarios judiciales en actos de corrupción que permitieron en junio pasado la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, líder del cártel Guerreros Unidos, y proceder a la judicialización de la carpeta de investigación, revelaron funcionarios federales.

Lo anterior, luego que el jueves pasado El Mochomo y Arturo Rodríguez García, uno de sus abogados defensores, fueron puestos a disposición de un juez federal con sede en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, el Altiplano, por delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud, y sin que se les hayan imputado cargos por corrupción.

Se refiere que el Ministerio Público Federal está a la espera de informes de los órganos de fiscalización del Poder Judicial de la Federación en torno a los movimiento financieros que realizaron o los ingresos que tuvieron funcionarios del juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Toluca, estado de México, y que estarían relacionados con el pago de sobornos (que presuntamente ascendieron a 2 millones de dólares), para que influyeran en la resolución que se dictaría a José Ángel Casarrubias, que tiene que ver con una acusación por delincuencia organizada.

Sin justificación

A finales de junio pasado, El Mochomo fue dejado en libertad luego de que sin justificación se desecharon en el juzgado más de 25 pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal en contra del líder de Guerreros Unidos.

En ese contexto, el gobierno federal obtuvo mediante autorización judicial, una grabación en la que la madre de José Ángel Casarrubias y uno de sus defensores hablan de los sobornos acordados con funcionarios judiciales para que se dictara una resolución favorable a su cliente.

Así, El Mochomo permaneció bajo arraigo durante más de 60 días, y el fin de semana fue consignado por un nuevo cargo de delincuencia organizada, imputación que también involucró a su defensor por ser presunto prestanombres del grupo de narcotraficantes, y quien habría participado en la negociación para el pago de sobornos a funcionarios judiciales.