En carta a este diario, acepta la asignación de un contrato directo

El Grupo Aeroportuario de Ciudad de México (GACM) envió una carta a este diario en la cual aclara que en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acerca de las obras de la nueva terminal aérea no han encontrado irregularidades o desviación de recursos públicos.

Advierte que las referencias hechas por el órgano fiscalizador sobre algún monto económico, mencionadas en la nota publicada ayer en estas páginas, son solicitudes de aclaración, con la finalidad de que se le envíe información complementaria a la que se proporcionó durante el desarrollo de las auditorías.

Entre esas peticiones está la relativa a la barda perimetral construida por la Secretaría de la Defensa Nacional, acerca de la cual la ASF determinó que no se ha aclarado el destino de más de 380 millones de pesos.

Sin embargo, hasta ayer las observaciones que habrían sido solventadas, según el GACM, todavía seguían como pendiente en la página de Internet de la ASF.

El GACM adjuntó a su misiva un oficio de la auditoría, fechado el 16 de abril de 2018, con sello de recibido el 17 –día en que La Jornada publicó las anomalías detectadas en las obras del nuevo aeropuerto–, con el cual se da por atendida la solicitud de aclaración.

La empresa subraya que de las solicitudes de mayor información no es factible concluir que la documentación justificatoria del gasto sea inexistente ni que se hayan realizado pagos indebidos o que el ejercicio de recursos públicos se efectúe de manera irregular.

Señala que los hallazgos de la ASF no constituyen observaciones firmes ni generan alguna posible responsabilidad de servidores públicos, porque antes se deben cumplir los plazos legales. De hecho, el GACM asegura que ha solventado casi la totalidad de las observaciones determinadas en cuentas públicas anteriores.

La carta incluye el tema del contrato para construir la losa de cimentación del nuevo aeropuerto. Dice que acerca de este tema no se hicieron observaciones respecto del costo de 119 millones de pesos, mientras que sobre la posible integración incorrecta del precio al incluir acero de refuerzo, el GACM presentó la información aclaratoria y el asunto quedó solventado.

En tanto, respecto del contrato asignado de manera directa luego de que la licitación se declaró desierta y que, de acuerdo con las observaciones de la ASF, tendrá un costo 61 por ciento mayor que la propuesta más baja, el GACM confirma esa especie y la justifica con el planteamiento de que el precio no es el único factor a considerar en la selección del contratista.

Dice que se deben cumplir diversos requisitos técnicos, legales y económicos que, en conjunto, integren una propuesta con las mejores condiciones posibles para el Estado.

Por ello, insiste, el precio, en muchas ocasiones, no es el principal elemento en la determinación del contratista al que se le adjudicará la obra, lo cual se corrobora con el sistema de puntos y porcentajes que se ha seguido en el gobierno federal por más de una década, el cual regula la Secretaría de la Función Pública y permite de forma expresa la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.