Alonso Urrutia

Jaqueline Peschard, quien a partir de hoy encabezará el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) –cuando se instale su comité coordinador–, resume los alcances del impacto de la corrupción: ha habido una descomposición real de las instituciones que revela su debilidad y su incapacidad ya no sólo para meter a los corruptos a la cárcel sino también para instrumentar acciones correctivas de procesos internos que les permitan detectar a tiempo actos de cohecho.

Con la responsabilidad de ser la primera presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) –el ala civil del SNA–, Peschard asume que hay muchas expectativas sociales en el sistema para revertir este fenómeno. Tenemos que dar resultados más o menos en el corto plazo, porque existe el riesgo de que el desencanto y la desconfianza social se reinstalen con mayor fuerza, porque hay demasiadas expectativas acumuladas.

En entrevista con La Jornada, la ex presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información revela tener preocupaciones por el contexto en el que se instalará el Comité Coordinador del SNA: la politización que hay en torno al nombramiento del fiscal anticorrupción, asociada al debate sobre los alcances de su autonomía y la necesidad de hacer más transparente la selección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, encargado de sancionar faltas graves.

–¿Se diría que hay una crisis institucional por el nivel de corrupción alcanzado?

–No me gusta hablar de crisis, porque se usa muy ligeramente. Sí hay una debilidad institucional muy fuerte que impide que las instituciones sean suficientemente robustas, pero tiene que ver también con el marco jurídico que ha habido. Por ejemplo, si tenemos órganos de control interno que son designados directamente por la Secretaría de la Función Pública sin que haya un esquema de servicio profesional de carrera para quienes van a vigilar el uso de los recursos públicos.

Para Peschard, los niveles de corrupción alcanzados, que trascienden lo que podría identificarse con el viejo régimen, podría ubicarlo ya como un asunto cultural: no en el sentido de quitar culpa (como lo manejó el presidente Enrique Peña Nieto). No es que nuestros antepasados aztecas ya hubieran sido así. Lo que pasa es cuando hay tantos incentivos para optar por la vía oculta de la desviación de recursos; porque incumplir las leyes no tiene costos políticos, pues se arraiga y hay un enraizamiento desde abajo hasta arriba que se puede decir que es cultural, que ya es un asunto estructural.

–¿Se dejaron de lado los controles?

–Mas bien los controles han sido totalmente capturados por los intereses de enriquecimiento que han convertido los recursos públicos en un botín de la clase política.

–Esto ha desatado un creciente cuestionamiento social a los grupos gobernantes...

–Hay una activación social, sin duda. Soy una convencida de que la democratización fue para bien, pero ese fenómeno ha hecho cada vez más evidentes las fallas del sistema. Prácticas que antes estaban asociadas a un partido y que se pensaba que con la llegada de uno de oposición se corregirían. Lo que ha pasado es que se ha creado un sistema de redes de complicidad y de aprovechamiento de los cargos públicos.

La democratización lo que hizo fue involucrar a todas las vertientes políticas en las prácticas que habían sido identificados con prácticas del viejo partido hegemónico.

–¿Prácticas que se han consolidado en este nuevo sistema democrático?

–Es la transformación de estas prácticas lo que se ha convertido en un asunto estructural.

El problema va más allá, porque Peschard percibe resistencias burocráticas para no perder la potestad sobre esos controles que desde la perspectiva de cada entidad pública, son de su propiedad, pero confío en que podamos ser el catalizador para romperlas, porque han favorecido la corrupción, son resistencias porque de ello ha habido beneficios.

Con la instalación del Comité Coordinador del SNA arranca una etapa en la que para Peschard hay el doble desafío de entregar resultados en un relativo corto plazo, en un esquema en donde los grandes casos para la opinión pública son importantes. Es ahí donde se debe demostrar que la impunidad de la corrupción se puede ir desmoronando.

Un segundo desafío es consolidar al SNA como un mecanismo realmente nacional. Y es que, en el plano estatal, será más complejo, porque hay una debilidad institucional aún mayor: cuando uno analiza a los estados, se ve que la dimensión del problema es más grave, porque hay auditores totalmente capturados por los gobernadores. Igual con jueces, magistrados. Si es un asunto preocupante, porque también la fuerza de la sociedad civil no es tanta como en el plano nacional.

Puntualiza que el Comité de Participación Ciudadana no tiene un carácter sólo de acompañamiento a los otros actores involucrados (Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Tribunal Superior de Justicia Administrativa y Fiscalía Anticorrupción), sino que su papel es fundamental porque tendrá capacidad de diseñar políticas públicas, establecer indicadores de corrupción, realizar exhortos y recomendaciones.

Por lo pronto, en la agenda inmediata del CPC destaca la designación de la secretaria ejecutiva del SNA, una instancia clave, porque será la parte operativa y cuyo proceso de designación corresponde al CPC, que pretende involucrar ampliamente a las organizaciones sociales, porque su participación fortalecerá sustancialmente al sistema.