José Antonio Román

Diversas organizaciones binacionales de migrantes reprocharon al gobierno mexicano no tener un plan de emergencia ante las posibles deportaciones masivas a territorio nacional, tras la ‘‘guerra declarada’’ por el presidente estadunidense, Donald Trump.

Por su parte, la directora para las Américas de la organización Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, señaló que con la detención y deportaciones de miles de migrantes centroamericanos cada año, México ‘‘hace el trabajo sucio’’ a Estados Unidos.

Señaló que en 2016 se registró un aumento histórico de más de 200 ciento en las deportaciones de personas originarias de El Salvador, mientras que en los casos de guatemaltecos y hondureños la cifra rebasó 150 por ciento. Todos, detenidos y deportados desde territorio mexicano.

Además, acusó al gobierno de México de tener ‘‘doble discurso’’ en el tema de la migración, pues mientras exige respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, no cumple con sus obligaciones de protección a las personas centroamericanas que están en tránsito.

Organizaciones como la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes, Comunidades Organizadas contra las Deportaciones, Arise Chicago, Casa Aztlán, Red Unida por Inmigrantes Refugiados, Padres Unidos por una Mejor Educación, Ecuador Unido y Organización Binacional Migrante, que trabajan de manera coordinada en Estados Unidos, reconocieron una situación de ‘‘emergencia’’ donde crece el temor y ‘‘nadie está seguro’’.

En un pronunciamiento, las organizaciones de migrantes cuestionaron el trabajo de los consulados mexicanos para enfrentar la política antimigratoria del presidente Trump, por lo que han optado por una organización interna y la ejecución de campañas de información en redes sociales, y en las ciudades con carteles y volantes distribuidos en escuelas e iglesias.

La falta de un plan estratégico del gobierno mexicano para enfrentar una eventual deportación masiva también fue cuestionada por Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, quien consideró que no existen indicios de que el gobierno mexicano esté tomando medidas ante las nuevas órdenes ejecutivas que instruyen la deportación por México de personas de cualquier nacionalidad, y que carezca de documentos que acrediten su estancia en Estados Unidos.

‘‘Hemos dialogado con funcionarios de la cancillería mexicana y nos han dicho que los servicios consulares han mejorado, pero no hemos visto un plan de emergencia en caso de deportaciones masivas; no hemos encontrado una respuesta, una política pública que vaya a atender a las personas que sean retornadas’’, dijo Reneaum.