Enrique Méndez, Alonso Urrutia y Roberto Garduño

El informe de la cuenta pública 2015, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), avizora que la deuda pública en México está cerca de los ‘‘límites de los criterios prudenciales que recomiendan los organismos internacionales’’.

En el año 2000 el endeudamiento neto del sector público alcanzaba 2 billones 51 mil millones de pesos. Doce años después ésta contabilizaba 5 billones 890 mil millones, y a 2015 la deuda ascendía a 8 billones 633 mil millones de pesos, equivalentes a 45.7 por ciento del PIB; por tanto, se observa ‘‘un debilitamiento de la sostenibilidad de la deuda’’.

El ente fiscalizador revisó el modelo econométrico para calcular la sostenibilidad de la deuda, incluido en el Plan Anual de Financiamiento (PAF) realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Concluyó que, en el caso de México, la deuda pública ha crecido en monto y a un ritmo importante en los años recientes debido a que ha sido utilizada como parte de la estrategia contracíclica en épocas de crisis, con la finalidad de fomentar e impulsar la actividad económica, evitar que la contracción se profundice y financiar los déficit presupuestarios en que ha incurrido el gobierno.

Así, la autoridad estableció como objetivos centrales de la política de deuda pública cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal con bajos costos en un horizonte de largo plazo, preservar la diversidad de acceso al crédito en diferentes mercados y promover el desarrollo de mercados líquidos y profundos, con curvas de rendimiento que faciliten el acceso al financiamiento a una amplia gama de agentes económicos públicos y privados.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), principal referente de las políticas económicas en México, ‘‘reconoce que la deuda pública puede perjudicar la actividad económica y reducir la capacidad de estabilizarla, cuando así se requiera’’, y advierte de tres riesgos:

La deuda pública proporciona recursos líquidos cuando se enfrentan restricciones de ingresos, por lo que es recomendable mantenerla en bajos niveles; a medida que aumentan los niveles de deuda, se puede perder la confianza de los mercados y pagar cada vez mayores tasas de interés, y para la eficacia de la política fiscal se consideraría perjudicial un nivel de deuda bruta superior a 80 por ciento del PIB.

La ASF refiere que de la revisión de las mejores prácticas, de los estudios y de los análisis sobre las auditorías de desempeño, ‘‘se concluye que la evolución de la deuda pública plantea riesgos para su sostenibilidad y está cerca del límite de los criterios prudenciales que recomiendan organismos internacionales, lo que resalta la necesidad de que los poderes Ejecutivo y Legislativo establezcan una ruta consistente entre el balance primario y el costo financiero de la deuda en el mediano plazo’’.

Las métricas consideradas indican un debilitamiento de la sostenibilidad de la deuda pública, por lo que es pertinente que la SHCP realice una evaluación más amplia y rigurosa de lesa variable, sobre todo si se considera el complejo e incierto contexto macroeconómico internacional y sus repercusiones en la economía de México.