Roberto Garduño, Enrique Méndez y Alonso Urrutia

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que se han vuelto recurrentes los ‘‘problemas estructurales’’ en el ejercicio del presupuesto, y de la revisión de la cuenta pública 2015 identificó áreas de riesgo en el gasto en infraestructura, contrataciones, padrones de beneficiarios de gasto social e irregularidades en el manejo de las transferencias de fondos federales a estados y municipios.

En montos, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, explicó que las irregularidades en el gasto público del gobierno federal y de los estados en ese año ascienden a 164 mil 716 millones. De ese monto, ‘‘cerca de 100 mil millones de pesos’’ corresponden al sector central y el resto a las entidades y alcaldías. Detalló que el saldo histórico que estas últimas no han podido solventar asciende a 216 mil 456 millones.

Durante la presentación ante la Cámara de Diputados del informe de resultados de la cuenta pública 2015 –el último que Portal presenta como auditor, porque en diciembre debe elegirse otro titular–, expuso que el trabajo de la auditoría está alejado de cualquier sesgo y sostuvo que cuando existen pruebas de la comisión de delitos, se ha actuado al límite de sus facultades.

Afirmó que el análisis de la forma en que el gobierno federal, de los estados y municipios, así como los entes autónomos, y los poderes Judicial y Legislativo gastan el dinero público no tuvo un enfoque de ‘‘casos vinculados con el interés mediático’’, sino que se optó por una evaluación cualitativa.

La cuenta pública, que por tercer año consecutivo no incluyó una auditoría a Los Pinos, fue revisada por un grupo de especialistas que, dijo Portal, detectó seis riesgos ‘‘que ilustran situaciones potencialmente negativas’’ en el ejercicio del presupuesto:

Afectaciones al erario, por un potencial uso inadecuado de los recursos que, de materializarse, puede implicar abuso, desperdicio o corrupción; inconsistencia entre resultados esperados y obtenidos, que implica incumplimiento parcial o incompleto de obligaciones del Estado, que tiene su principal ejemplo en los subejercicios; discrecionalidad en la toma de decisiones, que incluye a funcionarios públicos sin transparencia, regularidad y control.

También, archivos públicos deficientes, que constituyen un riesgo en el seguimiento de decisiones y, en consecuencia, la verificación de la legalidad; revelación inadecuada de información financiera, que tiene implicaciones sobre la confiabilidad de las cifras, y vulnerabilidad en las finanzas públicas, que comprometen la posición financiera del Estado.

Portal informó que en 2015, estados y municipios recibieron transferencias de ‘‘poco más de un billón’’ de pesos y la ASF revisó una muestra de 683 mil millones, 63 por ciento del total, y de éste las observaciones por irregularidades ascienden a 65 mil 194 millones de pesos.

De éstos, 33 mil 449 millones corresponden a subejercicios y 31 mil 745 millones a ‘‘violaciones normativas’’. Explicó que de 2011 a 2014, los gobiernos locales únicamente solventaron 29 mil de los 175 mil millones con observaciones por irregularidades, lo que deja, expuso, un remanente de 146 mil 265 millones, cifra a la que se añaden los 64 mil 716 millones de 2015.

Se trata de 216 mil 456 millones pendientes de solventar, monto equivalente al asignado en un año a 16 de los 31 estados y la Ciudad de México.