Dora Villanueva

Proveedores del municipio de Ecatepec, estado de México, así como de los gobiernos estatales de Oaxaca y Nuevo León, del PAN de Baja California Sur, además de una de las empresas de Ricardo Antonio Vega Serrador, ligado a las mafias rumanas de clonación de tarjetas, son investigados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El organismo reportó en el Diario Oficial de la Federación que, debido a la ausencia de activos, de personal y de infraestructura, se incluyó a 103 contribuyentes como presuntos casos del 69-B, un listado que se actualiza periódicamente y en el cual la autoridad fiscal reporta asuntos en los que se han estado emitiendo comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura, o capacidad material para prestar servicios.

En una revisión de los primeros 10 contribuyentes –de más de 100 que el SAT reportó que están bajo la presunción de evadir al fisco– está Verónica Patricia Almaguer Barrios, contribuyente a la que el ayuntamiento de Ecatepec pagó 191 mil 864 pesos por reparar un motor.

Le sigue Automotor Avanzato, importadora de Ferraris y vinculada a Ricardo Antinio Vega Serrador, dueño de las tiendas GoMart y gasolineras Corpogas, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda pidió bloquear cuentas por presumirse su participación en lavado de dinero a favor de las mafias rumanas de clonación de tarjetas bancarias.

Destacan también proveedores del gobierno de Oaxaca, registrados en el padrón alusivo durante 2019 y algunos en 2020. Entre ellas Ang Business Group, Alimentos procesados y servicios Altam, así como Brahimi Agrícola y Ganadera.

También resalta el caso de Asesoría y Desarrollo de Sistemas Avanzados, empresa de servicios de cómputo contratada por el gobierno de Nuevo León y el municipio de Juárez en 2011, que fue proveedora del PAN en Baja California Sur. De acuerdo con un documento del Instituto Nacional Electoral, en 2011 se pagaron 5 millones 960 mil pesos a esta compañía que, según las indagatorias del SAT no tendría activos, personal, infraestructura ni material para respaldar su operación.

De acuerdo con la nueva legislación fiscal, la evasión es delito grave que amerita cárcel. No obstante, este listado de presuntos factureros o empresas fantasmas simuladoras de operaciones inexistentes pueden desmentir las indagatorias del SAT, al presentar documentos que prueben su legítima operación.