Dora Villanueva

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) agilizarán el intercambio de información sobre el cumplimiento fiscal de funcionarios y proveedores del gobierno.

La SFP tendrá acceso a información delicada, reservada o confidencial. Incluso aquella que se encuentra amparada por el secreto fiscal, detalló en conferencia de prensa Margarita Ríos Farjat, jefa del SAT.

Actualmente, las dependencias federales ya cuentan con la facultad de intercambiar este tipo de información, lo que cambia con este acuerdo es que se agiliza el procedimiento. Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, aseguró que será fundamental para que la Función Pública identifique a las empresas que no se conduzcan con probidad.

La SFP enviará al SAT la información de las declaraciones patrimoniales para que éste las corrobore. Lo mismo con los proveedores de gobierno y en el caso de las empresas listadas en Compranet se vigilará que cumplan con sus obligaciones fiscales.

El convenio tiene como antecedente la reforma constitucional de mayo de 2015 en el combate a la corrupción, que elimina el secreto fiscal para los órganos responsables de investigación y sanciones administrativas.

El intercambio de información entre las dependencias se hará en apego con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas, sólo entre las áreas investigadoras y no llegará a terceros, detalló Ríos Farjat.

Sandoval manifestó que entre las medidas que lleva a cabo el gobierno de la cuarta transformación el énfasis se cuenta en los delitos financieros, que son la cara más oscura y onerosa de la corrupción. Recicló cifras de la administración pasada que apuntan a que el lavado de dinero en el país suma entre 20 y 30 mil millones de dólares por año.

Las funcionarias aseguraron que el problema fue objeto de un diagnóstico minucioso, pero no se entregaron cifras de evasión fiscal entre funcionarios o empresas que se hayan detectado en los primeros siete meses del gobierno, como lo hubo en el caso de las factureras.