Valente Villamil

Finalmente, los trabajadores del campo mexicano experimentan el inicio de una mejora sustancial de sus ingresos y condiciones laborales de parte de sus patrones.

Alimentos producidos en el campo mexicano ganan terreno en el mercado estadounidense en donde sus productores son atacados por pagar poco y maltratar a sus trabajadores, mismos que a raíz de esa presión política aumentaron los salarios de algunos jornaleros desde 120 hasta 180 pesos por día en menos de dos años.

Los casos de abuso laboral en los campos mexicanos como el de San Quintín, Baja California el año pasado o las malas prácticas laborales en algunos campos de Sinaloa, que el LA Times divulgó en 2014, comenzaron a mover fibras dentro del empresariado mexicano y los importadores estadounidenses.

“Con el reflejo de San Quintín llegamos a la conclusión de que se tendría que defender ya a un nivel mucho más representativo que es a nivel Federación y empezamos con los principales estados productores de hortalizas” dijo Sergio Raul Esquer, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC).

Si bien el tema de las condiciones laborales se venía trabajando con anterioridad, según Esquer, la exigencia de las cadenas estadounidenses de contar con certificaciones de responsabilidad social, despertada por los consumidores de EU, prendió las alertas.

La presión ha llegado en forma de boicots como los promovidos por las organizaciones Food Justice y Familias Unidas por la Justicia que desde 2013 mantienen una campaña contra la comercializadora de berries Driscoll’s tras acusarla de prácticas abusivas contra sus trabajadores.

A FAVOR DE LAS MEJORAS

En México la Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social (AHIFORES), que agrupa a 80 por ciento de la oferta agroexportadora fue creada el año pasado con el fin de mejorar las condiciones laborales y sociales de los jornaleros del campo mexicano.

Entre sus socios están empresas como Driscoll’s y organizaciones agrícolas como la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate de Michoacán (APEAM) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

“Derivado de este tema la propia presidencia de la República dio una instrucción para buscar una solución integral que resuelva de fondo el tema reconociendo esa complejidad, incluso hay muchas instancias que de alguna forma están involucradas”, dijo Luis Fernando Haro Encinas, director general del CNA a El Financiero.

El Convenio marco incluye a trabajadores, patrones y gobierno y busca establecer acciones en cuanto a alimentación, educación, infraestructura, empleo y trabajo infantil. Pero no se ha podido concretar.

Fuentes que pidieron no ser citadas dijeron a El Financiero que desde mayo se planeaba firmar el acuerdo, pero que el gobierno lo ha estado posponiendo y por ahora se tiene octubre como posible fecha.

Por otro lado, está abierta la posibilidad de que ante las amenazas de una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) entre México y EU, se suba a la discusión el tema laboral. Daniel Costa, experto en materia laboral del Economic Policy Institute (EPI) en Washington, dijo que subir este tema al acuerdo comercial es una buena decisión, pues las condiciones entre agricultores estadounidenses y mexicanos son por lo general desventajosas para los últimos.

La iniciativa privada y el gobierno se han dado a la tarea de asegurar las condiciones laborales de sus empleados del campo. Leonardo Guirao, diputado integrante de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, dijo estar dispuesto a subir al tema a una eventual renegociación del TLCAN.