José María Carmona

Uno de los factores fundamentales para las condiciones generales de las actividades productivas y económicas, así como para un buen clima de los negocios y la competitividad es el referente a la seguridad pública sin ella las expectativas positivas de los inversionistas se convierten en incertidumbre que se suman a la coyuntura política existente a nivel global, nacional y local.

El estado y sus instituciones como sus poderes están obligados por mandato constitucional a garantizar la seguridad a todos los ciudadanos en especial aquellas personas que arriesgan sus capitales, independientemente de la vida de todos los ciudadanos.

Pero hoy eso no sucede, los últimos acontecimientos en Michoacán y en las principales ciudades de la entidad demuestran lo contrario por el alto índice delictivo.

Los diversos niveles de gobierno no quieren reconocer que en Michoacán está dominado por lo menos de manera territorial por el crimen organizado, que cobra cuota en todos los sectores económicos y productivos, las ejecuciones a plena luz del día son una constante cotidiana y qué decir del alto nivel de impunidad y corrupción.

Ejecuciones, levantones, secuestros, extorsiones de todo tipo es lo más común en la entidad michoacana ante el fracaso absoluto de la estrategia de seguridad pública por parte del gobierno estatal y los municipios, a pesar de los anuncios “pomposos” de las autoridades de que Michoacán recupera la “paz” y que ya salió de los primeros lugares que ocupaba en esa materia a nivel nacional.

Pero los sucesos de los últimos días o semanas dicen lo contrario, los ataques a los establecimientos comerciales con métodos terroristas y ejecuciones en los restaurantes son un hecho que echan abajo el discurso oficial en materia de seguridad pública en la entidad michoacana.

Las desapariciones quedan impunes y no hay investigación a fondo de tales hechos, mientras que la ciudad de Morelia está convertida en un verdadero infierno, mientras el presidente municipal Alfonso Martínez y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla están enfrentados en una inútil disputa sobre el tema de la coordinación o el mando unificado de los cuerpos policiacos, pero ambos son omisos o se niegan a reconocer que en el territorio moreliano ya domina la delincuencia organizada y que los ciudadanos tienen que cargar con el costo financiero lo que los economistas llaman el otro impuesto social, porque los ciudadanos tienen que invertir tanto en seguridad privada como en asegurar su patrimonio, ante la incapacidad de los cuerpos policiacos y militares, los mismos han tomado la iniciativa en diversos grados para organizarse o autodefenderse del avance del crimen organizado en todo el territorio michoacano.

En las principales regiones y ciudades de Michoacán se libra una batalla campal por parte de los diferentes cárteles por el dominio del territorio ante la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército, así como la omisión de la policía de Michoacán.

Pero hay que volver al tema central de esta entrega que es el asunto de la seguridad pública como un factor fundamental para la actividad productiva y económica que requiere de la garantía y confianza para realizar las inversiones necesarias para el desarrollo de la entidad michoacana.

Hoy esta condición es casi inexistente. Mucho tiene que decir el Consejo Económico Social de Michoacán como órgano consultor en la supuesta estrategia de desarrollo del gobierno de Ramírez Bedolla, seguramente este organismo debe de tener ya algunos estudios fundamentados con indicadores y diagnósticos de la situación económica y social de la entidad Michoacana, necesaria para la elaboración de diversas políticas públicas, entre ellas la de la seguridad pública, sí no es así, ese órgano no tiene ninguna función social.

Si bien es cierto, que la interlocución entre los diversos niveles de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil son el elemento fundamental de las políticas públicas para solucionar los asuntos públicos y un paso importante como condición para la gobernabilidad o la gobernanza, lo cierto es que en materia de seguridad pública falta mucho por trabajar, pero existe un obstáculo fundamental la mala relación entre los niveles de gobierno que es el caso de Michoacán en materia de seguridad pública  se encuentra en disputa entre el gobierno estatal y los municipales como el caso de Morelia; los ciudadanos demandan categóricamente que se pongan a trabajar y dejen a un lado sus aspiraciones electorales del 2024.

Por lo pronto los michoacanos viven en un infierno llamado Michoacán.