José María Carmona

El próximo día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional   de la Discapacidad, en esa fecha la Organización de las Naciones Unidas, aprobó la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, este hecho fue histórico porque los estados miembros reconocieron a la discapacidad como una condición de vida y no como una enfermedad como la había clasificado la Organización  Mundial de la Salud.

De esta manera a las personas con discapacidad se les reconoció como sujetos de derechos humanos, condición indispensable para la inclusión en todos los ámbitos de la vida social de los países.

Cabe destacar que al igual que los derechos humanos, los derechos de las personas con discapacidad no son otorgados por el Estado sino reconocidos, no negociables ni sujetos a interpretaciones por los tribunales judiciales.

Hasta el año del 2011, el Estado mexicano ratifico la convención pasando a constituir parte de la Constitución de los Estados Unidos  Mexicanos  y en el artículo primero constitucional donde se establece “queda prohibida la discriminación por motivos de discapacidad entre otras” y que forman parte del conjunto de derechos  humanos, lo que significo un cambio radical en el paradigma.

 El reconocimiento de los derechos humanos por parte del Estado mexicano sustituyó  a las Garantías Individuales  en el texto constitucional.

Los derechos humanos de las personas con discapacidad son indivisibles, progresivos y pro persona, lo que significa como ya se indicó que no son negociables ni renunciables.

Esta conquista democrática fue producto de una larga lucha de las personas con discapacidad en contra de la discriminación, la omisión por parte de todas las instituciones estatales y los sectores sociales que  consideraban  a las personas con discapacidad como seres “humanos” inválidos, incapacitados, enfermos y hasta “idiotas”  y lo peor del asunto que dentro de la supuesta política pública de todos los niveles de gobiernos se considera a las personas con discapacidad como parte de los grupos  vulnerables .

La discapacidad es definida como una condición de vida donde una parte de los seres humanos tienen que enfrentarse a las barreras  físicas y sociales para llevar a cabo todas las actividades de la vida cotidiana y que necesitan instrumentos, aparatos, mecanismos  y asistencia para la vida cotidiana y ejercer sus derechos ya reconocidos por parte de la convención en la materia y los diferentes niveles  de gobierno en términos de los ordenamientos jurídicos; las leyes nacionales y estatales aprobadas en el año del 2011.

El reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad es también un producto de una larga batalla de los familiares y padres de las mismas como ya se dijo principalmente contra la discriminación de todo tipo y la violación sistemática de estos derechos  por parte de las autoridades  gubernamentales y públicas así como de los particulares en los espacios públicos.

La esencia fundamental del contenido de la convención antes mencionada y de las leyes nacional y estatal está en la igualdad de condiciones para el desarrollo personal y social de manera integral lo que significa que EL ENTORNO SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO,  CULTURAL, ETC.,  se debe adaptar a las necesidades de las personas con discapacidad para eliminar todo tipo de barrera u obstáculo que impide el desarrollo integral  de la personalidad  y para evitar la discriminación y la exclusión en todos los aspectos de la vida social, y no como hasta ahora que se obligan a las personas con discapacidad a “adaptarse” a la vida cotidiana en términos “normales”.

Los padres y los familiares en la mayoría de las ocasiones soportan la pesada carga de las personas con discapacidad; hoy principalmente en los países europeos existe un debate sobre los cuidados de las personas con discapacidad y también hay toda una corriente que afirma que los costos de los mismos deben de estar a cargo del Estado.

Los cuidados de las personas con discapacidad es  desgastante y agobiante, también contiene una carga fuerte en términos psicológicos independientemente de la existencia afectiva y amorosa de parte de los padres, familiares  y amigos de las personas con discapacidad.

En este país y en particular en Michoacán no existe una política pública de cultura de la discapacidad y mucho menos de difusión de los derechos de las personas con discapacidad.

En los espacios públicos, plazas comerciales, estacionamientos y centros de espectáculos y cultura  no se respetan en lo absoluto, o no existen los lugares para las personas con discapacidad.

Como ya se dijo, la esencia de los derechos humanos de las personas con discapacidad es la igualdad y condiciones de oportunidades tanto en el ámbito educativo, laboral y social entre otros derechos establecidos en la convención y las leyes nacionales y estatales.

En este sentido, por una parte, el gobierno de López Obrador  comete GRAVES  VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  porque su política es discriminatoria al otorgar una pensión a las personas con discapacidad y en lugar de cumplir con lo establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y todo el ordenamiento jurídico vigente en el país en la materia, es mas no ha cumplido con el informe anual ante los mecanismos internacionales de la propia convención a la cual como jefe del Estado  mexicano está obligado.

En el mismo sentido se encuentra la política pública si es que existe en el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y hasta el diputado local Víctor Zurita es omiso en la materia, a pesar que se le entregó una iniciativa de Ley para crear un mecanismo institucional autónomo para las personas con discapacidad, a pesar de que él es una persona  con discapacidad auditiva y de lenguaje.

Y qué decir de la presidenta “honoraria”  del DIF Michoacán Grisel Tello Pimentel que utiliza a las personas con discapacidad cada aniversario para realizar una supuesta marcha y que ignora los derechos de las personas con discapacidad.

Por otra parte la Fundación del Teletón también violenta los derechos de  las personas con discapacidad al exponer a los niños ante la televisión sus casos para conmover  los “corazones” de los mexicanos para que otorguen donaciones y de esta manera hacer un mecanismo de las grandes empresas para evadir impuestos.

Por último,  en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo también se violan los derechos de las personas con discapacidad como es el caso del que escribe, en el 2015 fue desalojado violentamente  de su cubículo como profesor por haber obtenido una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos-la 05/14- por parte de las autoridades del Instituto  de Investigaciones Económicas y Empresariales, ante este hecho el ex rector  Medardo Serna Gónzales  y el entonces Secretario General Salvador García Espinoza- hoy supuesto aspirante a la rectoría- avalaron esta violación y con relación al rector Dr. Raúl Cárdenas Navarro y su Secretario General  Pedro Mata Vázquez –también aspirante a la rectoría- han sido omisos ante esta situación.

Por lo anterior el que escribe es víctima de las autoridades universitarias y desde hace ocho años ha estado demandando la reparación de sus derechos humanos y laborales  y una disculpa pública por parte de la universidad ante la comunidad universitaria.  El que escribe es una persona con discapacidad motora y de lenguaje.

Así es, la rebelión  de los discapacitados.