José María Carmona               

Después del aniversario de Cambio de Michoacán, se continuara exponiendo en este espacio un tema de los 64 analizados por diferentes académicos para formar un programa de gobierno para el 2018.

En este caso se tratara el problema laboral en  diferentes aspectos como son los niveles salariales o los que perciben los trabajadores asalariados, la tasa de desempleo, el seguro del desempleo, los aumentos salariales y el sindicalismo.

La mayoría de los especialistas, tanto en el ámbito académico como los financieros coinciden que el salario mínimo en el país tiene una perdida en su poder adquisitivo del 60 a 65 por ciento en los últimos 30 años y que no se ha podido recuperar además que no existe una política de recuperación salarial, aunque hay una propuesta de aumentar en algunos cuantos pesos para recuperar el poder de compra de los mismos pero nada en concreto.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación del INEGI, en el país existen 26 millones 200 mil personas ocupadas de las cuales 2 millones 361 mil perciben hasta un salario mínimo-80 pesos diarios que equivalen a 2400 pesos mensuales aproximadamente-; de 1 a 2 salarios mínimos existe una población de 6 millones 400 mil trabajadores, de 2 a 3 salarios mínimos 6 millones 192 trabajadores y de 3 a 5 salarios mínimos 4 millones 192 mil asalariados.

La distribución de la población asalariada por actividad productiva se encuentra la mayor parte en el sector de los servicios que es de 13 millones 752 mil trabajadores asalariados, en segundo lugar está el sector comercio con 5 millones 402 mil  trabajadores y en tercer lugar de importancia se encuentran la industria manufacturera que tiene 4 millones 558 mil trabajadores.

De la población asalariada del país 15 millones 410 mil son hombres y 10 millones 787 mil son mujeres.

De acuerdo al ingreso nacional, solamente el 25 por ciento le corresponde al factor trabajo, eso quiere decir  que en los últimos 30 años los trabajadores asalariados han perdido un porcentaje similar en el ingreso nacional lo que se traduce en un aumento significativo de la desigualdad social.

Otro elemento a considerar es la baja tasa de sindicalización en el país que tan solo corresponde al 8.8 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) que influye directamente sobre los niveles salariales y la masa salarial que conjuntamente con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios repercuten directamente en el consumo interno del país.

La tasa de desempleo aunque se encuentra en un nivel relativamente bajo alcanza el 3.5 por ciento de la población ocupada en el país y es otro elemento a considerar en los niveles salariales que perciben los trabajadores.

Aunque en el gobierno de Peña Nieto se han generado 2 millones 700 mil empleos formales todavía no son suficientes para disminuir la tasa de desempleo en el país.

A lo anterior hay que agregar el surgimiento de las empresas que subcontratan trabajadores a cambio de bajos salarios y que fueron productos de la reforma laboral que cánselo una serie de derechos laborales para los trabajadores entre los cuales se encuentran la permanencia en el empleo y la seguridad social.

La existencia de pocos sindicatos, al mismo tiempo que la formación de nuevos constituye otro elemento para la defensa de los intereses de los trabajadores, así como la cancelación de la contratación colectiva.

Por ello es necesaria la lucha por la creación de nuevos sindicatos y la democratización de la vida sindical donde los dirigentes estén sujetos a la rendición de cuentas ante sus agremiados y consolidar la independencia sindical en relación a los partidos políticos y el gobierno.

Ante la crisis económica que golpea a la población en edad de trabajar y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios es necesario un aumento salarial de emergencia, que los salarios aumenten cada vez que aumenten los precios principalmente de los productos de la canasta básica.

Una medida adicional es la reducción de la jornada laboral sin disminución del salario para combatir el desempleo y la prohibición del pago del salario por horas.

También es necesaria la creación del seguro del desempleo para toda la población económicamente activa del país que se ha pagado por el gobierno y los patrones.

Todas estas propuestas en materia salarial y empleo no son abanderadas con ninguno de los partidos políticos nacionales del país ni mucho menos por sus aspirantes a la presidencia; las condiciones de los trabajadores están tan  deterioradas que se necesitan soluciones radicales que hoy ningún partido político se compromete a llevar a cabo. La palabra la tienen los trabajadores para luchar por mejores condiciones de trabajo y de vida.