José María Carmona
Las jornadas de abril - agosto del movimiento magisterial en contra de la Reforma Educativa han dejado lecciones de carácter político y social, que han puesto al gobierno de Peña Nieto en contra de la pared y cuestionado la forma como se llevaron a cabo las reformas estructurales no solamente la educativa.
Pero este movimiento ha utilizado métodos no solo de movilización sino también insurreccionales particularmente en Oaxaca y Chiapas que han causado la furia de las cúpulas empresariales del país por las supuestas pérdidas económicas que según versiones las mismas alcanzan los 4 mil millones de pesos.
Los furiosos empresarios han demandado al presidente y en particular en Michoacán al gobernador Silvano Aureoles la aplicación del estado de derecho al resultar afectados en su patrimonio y por el derecho de terceros causa según ellos de las marchas, bloqueos y plantones, toma de autobuses y transporte de carga.
Ahora también están demandando apoyos millonarios para recuperar sus ganancias y han amenazado con no pagar los impuestos o hacer declaraciones en ceros ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
En el ámbito estatal las cúpulas empresariales michoacanas también se han reunido con el gobernador Aureoles y con el secretario de Desarrollo Económico Antonio Soto para demandarle medidas de política pública en materia de estimulo ante las pérdidas económicas derivadas del conflicto magisterial.
De esta manera los empresarios de Michoacán y del país también están pidiendo mano dura en contra de los que realizan movilizaciones y afectan la vida económica y social tanto de la entidad como del país. Tal vez sus demandas estén justificadas, pero son equivocadas porque en lugar de responsabilizar al movimiento magisterial del desfalco económico –según ellos-, no demandan enérgicamente al gobierno federal ni estatal una solución política que implica la negociación y la rectificación en cuanto a la Reforma Educativa.
Si el conflicto ha escalado a dimensiones insospechadas antes del mes de mayo, se debe a la perdida de la gobernabilidad del gobierno de Peña Nieto que significa una incapacidad política y el reconocimiento del fracaso de la propia Reforma Educativa en cuanto a los términos de cómo se negocio dentro del Pacto por México que ya hace tiempo murió.
Una cuestión aparte es la implementación de la Reforma Educativa; para los verdaderos especialistas en política pública la parte más complicada de la misma es su implementación, es decir cómo se lleva a cabo, en el ciclo de la políticas públicas la hechura que es la parte inicial es compleja la implementación sino se toma en cuenta a los actores sociales y políticos, la política pública en si misma está condenada al fracaso.
En el caso de la Reforma Educativa fue resultado de una negociación entre las cúpulas políticas y los poderes financieros del país dejando a un lado a los trabajadores de la educación y ni que decir de su carácter político punitivo y administrativo que aniquilo los derechos laborales del magisterio.
Ahora se pretende de manera perversa contraponer los derechos de terceros al libre tránsito y de los niños a la educación con las demandas magisteriales de abrogación de la Reforma Educativa.
Por una parte el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong aparenta negociar y el delfín presidencial de Peña Nieto el secretario de Educación Pública lleva a cabo el circo de los foros para el nuevo Modelo Educativo; mientras tanto las cúpulas empresariales golpean con sus paros en Oaxaca y para los especialistas la propia Reforma Educativa ya está muerta.
Así de esta manera los maestros han dejado la lección de que solo con la movilización y los métodos insurreccionales pueden modificar las políticas públicas en materia de educación mientras el gobierno de Peña Nieto esta contra la pared y los empresarios lloran su desgracia; estas es la lección magisterial y las implicaciones económicas.