José María Carmona

Poco duro la política de seguridad en Michoacán llevada a cabo por el gobierno perredista de Silvano Aureoles, que el paso 11 de febrero declaro “oficialmente” desaparecidos los grupos de autodefensa.

En lugar de llevar a cabo una política para que los grupos de autodefensa continuaran garantizando la seguridad pública principalmente en Tierra Caliente y la Sierra Costa de Michoacán, Silvano Aureoles decidió darle continuidad a la estrategia de guerra contra el narco llevada a cabo por el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y posteriormente por Enrique Peña Nieto.

Hoy queda claro que los grupos de autodefensa y las policías comunitarias de Aquila combatieron con eficacia al crimen organizado en más de la tercera parte del territorio michoacano donde se concentra el 25 por ciento de la población.

El mandatario perredista opto por la estrategia del mando único que no es otra cosa que la militarización de la entidad michoacana con consecuencias sobre la violación a los derechos humanos por parte del ejército, la policía federal  y la policía de Michoacán mediante el establecimiento de una Base de Operaciones Mixta que consiste en el acantonamiento por los elementos policiacos y militares en la región Tierra Caliente bajo el pretexto de combatir a las células del crimen organizado como son los Viagras y las células de Jalisco Nueva Generación que operan hasta la parte occidente y bajío de Michoacán.

Pero los cálculos militares del gobierno silvanista fallaron y la población de la región salió a oponerse a tales medidas como un repudio bloqueando las carreteras mediante camiones del transporte público federal y vehículos de particulares a las vez que le prendieron fuego.

Los bloqueos y la toma de carreteras mediante los bloqueos se prolongaron por tres días consecutivos, a pesar de la intervención del ejército y la policía  para dejar libres las vías de comunicación.

Tales hechos son la manifestación del descontento social ante la inseguridad que viven las poblaciones en la Tierra Caliente y el fracaso de la política de mando único.

Las imágenes que circulan en los medios de comunicación y las redes sociales son más que elocuentes, ante ese clima de violencia supuestamente por el crimen organizado se han detenido más de 30 personas como responsables de los sucesos, pero los hechos no solo se concentraron en la toma de carreteras e incendio de vehículos, sino también de establecimientos comerciales.

De la noche a la mañana se esfumo todos los esfuerzos del gobierno de Michoacán por proyectar una imagen de paz y tranquilidad, al mismo tiempo que la estrategia de seguridad era la “correcta”.

Si bien es cierto que una parte de los grupos de autodefensa fueron penetrados por el crimen organizado, el gobierno de Peña Nieto los reconoció cuando Alfredo Castillo era comisionado para el Desarrollo y Seguridad de Michoacán.

Aunque el gobernador perredista argumenta que los operativos policiacos – militares tienen el único propósito de acabar con el crimen organizado en la región de acuerdo a información de inteligencia.

Como ya se dijo todos los esfuerzos gubernamentales se esfumaron para recobrar la confianza de los inversionistas y promover a Michoacán como una entidad de progreso, desarrollo y seguridad, apenas habrían pasado algunos días cuando los encargados de la seguridad habían declarado que Michoacán estaba fuera de las entidades más violentas del país.

Ni las bendiciones papales fueron externas para que la “paz y la tranquilidad” perdurara en Michoacán.

La estrategia de seguridad consistente como ya se mencionó en la militarización y la derrota de los grupos de autodefensa, así como la policía comunitaria de Aquila, estallo por los aires cuando la población salió a oponerse a la instalación de las bases militares de la región y la detención de algunos miembros que conforman los grupos de autodefensa ahora muy pequeños y que el gobierno silvanista los señalas como miembros del crimen organizado.

De suma gravedad fueron los acontecimientos que el gobierno tuvo que suspender las actividades escolares en la región, al mismo tiempo que los sectores empresariales respaldaron al gobierno silvanista exigiendo mano dura contra los supuestamente criminales.

Es necesario dejar claro que una cosa son los hechos contra los establecimientos comerciales donde puede haber grupos del crimen organizado implicados y la otra es la resistencia de la población de Tierra Caliente al proceso de militarización de la región.

De esta manera la estrategia de seguridad en Michoacán estallo por los aires como producto de la resistencia de la población a la militarización y en contra de las agresiones de las fuerzas militares y policiacas, las que vienen violando sistemáticamente los derechos humanos en Tierra Caliente.