Diego Valadés

Desde la antigüedad, oligarquía es la voz utilizada para aludir al gobierno de pocos y monarquía la aplicada al de sólo una persona, de origen hereditario o electivo. Lo que ahora quiero denotar es la prevalencia de un grupo o de un individuo en las decisiones políticas dentro de un sistema que conserva la apariencia de democracia. Para referirme a esos casos hablo de oligocracia y monocracia.

Esas libertades semánticas son frecuentes. Por ejemplo, la expresión partidocracia es un americanismo que se ha consolidado como de uso corriente en casi todo nuestro hemisferio para significar la influencia excesiva de los partidos en los asuntos de gobierno, o la dominancia de los intereses de los partidos con relación a los del Estado o de la ciudadanía. En algunos países sudamericanos también usan partitocracia.

Oligocracia sería la sujeción del gobierno a grupos no identificados y monocracia la hegemonía de un individuo. Estos son los resultados potenciales de un fenómeno creciente: las candidaturas que la Constitución denomina, equivocadamente, independientes. La calificación es errónea porque se debió decir candidatos sin partido. La independencia que menciona la norma puede contrastar con la realidad. Además, no hay forma de corroborar la independencia de los candidatos denominados así; en cambio, ser identificados como independientes les confiere una ventaja competitiva frente a los que, por exclusión, son acusados de dependientes.

Aunque no hay normas constitucionales susceptibles de ser consideradas inconstitucionales por su contenido, sí se puede decir que cuando la Constitución asigna sólo a determinados candidatos el carácter oficial de independientes, que es un valor político muy apreciado, exhibe a los demás contendientes como subordinados a influencias nocivas, lo que representa una forma de discriminación por razones políticas que desvirtúa la vocación de nuestra norma suprema.

Además de esa excepción en materia de discriminación, la Constitución parece prejuzgar acerca de la idoneidad ética de los potenciales candidatos a cargos de elección popular. En medio de tan profunda corrupción, la honorabilidad de los aspirantes a obtener votos suele asociarse con su independencia de los compromisos que limitan su libertad de criterio y de decisión. El hecho de que la Constitución inflija a los candidatos postulados por los partidos la sospecha de carecer de autonomía y ser instrumento de voluntades ajenas, no pudo ser la intención del Constituyente pero sí fue el resultado de la manera descuidada y casuista con la que se viene reformando nuestra norma suprema desde hace algunos lustros.

Estoy convencido de que entre los candidatos de partido y los sin partido prevalecen los honorables, como lo estoy de que ser llamado por la Constitución candidato independiente no garantiza que de veras lo sean.

Habría que discutir cuál es el sentido que se le atribuye a la independencia en el ámbito político. Desde que los partidos existen se acepta, en todas las democracias constitucionales, que la militancia y sobre todo las funciones representativas dan lugar a compromisos legítimos que forman parte de una relación solidaria entre los miembros de cada partido, además de un vínculo con la ciudadanía.

Sería ingenuo considerar que sólo en las organizaciones conocidas como partidos hay intereses negativos en juego y que quienes aspiran al poder al margen, e incluso en contra, de esos partidos, actúan por motivos y con instrumentos beatíficos. Una corriente en boga atribuye virtudes seráficas a quienes se desmarcan de los partidos políticos.

Estoy a favor de todas las expresiones de libertad y en contra de las restricciones que desvirtúen un sistema constitucional democrático. Lo que no comparto son las ficciones que distinguen entre políticos perversos y puros, según tengan o no partido. Este discurso maniqueo falsifica la realidad y erosiona la democracia representativa. No se conoce un solo caso en el que la descalificación de los partidos haya contribuido a mejorar la democracia.

La práctica nos dirá si los candidatos independientes se transforman en gobernantes atentos a los intereses que los apoyaron en su lucha por el poder, en cuyo caso estaríamos ante una oligocracia, o si actuarán sólo conforme a su conciencia y sus designios, lo que nos situaría ante una monocracia. Se trata de un experimento que puede resultar costoso para esa otra forma de gobierno que todavía llamamos democracia.