Se cumplieron ayer seis años del asesinato de Javier Valdez, perpetrado en su natal Culiacán, Sinaloa, donde se desempeñaba como corresponsal de este diario y reportero del semanario Riodoce. Unas semanas antes, el 23 de marzo, nuestra corresponsal en Chihuahua, Miroslava Breach, fue también víctima de balas homicidas. Ambos fueron ejecutados por dar a conocer aspectos de la delincuencia organizada que ésta pretendía mantener ocultos.

Aunque dos de los asesinos materiales de Valdez se encuentran presos, el presunto autor intelectual del homicidio, Dámaso López Serrano, conocido como El Mini Lic, quien vive en libertad en Estados Unidos tras haber sido sentenciado por narcotráfico y de haber colaborado con las autoridades de ese país como testigo protegido. Hasta ahora, el Departamento de Justicia del país vecino no ha atendido las peticiones de la Fiscalía General de la República para que sea extraditado a México a fin de someterlo a proceso por el homicidio del informador. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció ayer que se sumará a esa petición.

Resulta desolador que por los extravíos de la justicia estadunidense –la cual ha beneficiado también como testigo protegido al padre de El Mini Lic, Dámaso López Núñez y a otros integrantes de la familia–, la mexicana se vea impedida de actuar en el caso y de avanzar hasta su plena resolución. En el caso de Miroslava Breach, las investigaciones revelaron la participación de políticos priístas y panistas, actualmente presos, en la organización del atentado en su contra.

Javier dedicó su empeño profesional a difundir los aspectos más aberrantes de la violencia delictiva que creció de manera exponencial en el sexenio de Felipe Calderón y que continuó en aumento en el de Enrique Peña Nieto. Ese amargo y riesgoso trabajo le valió reconocimientos nacionales e internacionales y lo colocó como un conocedor del control criminal de regiones del país por los grupos dedicados al narcotráfico. Al matarlo, sus asesinos no sólo segaron una vida, sino que también consiguieron una terrible victoria sobre la sociedad, la cual resultó gravemente afectada en su derecho a ser y a estar informada.

El agravio persistirá en tanto no se haga justicia plena, un objetivo que pasa necesariamente por la entrega a México, por parte de Estados Unidos, de quien es señalado por todos los elementos disponibles como su asesino intelectual.

No debe dejarse pasar el hecho de que, por más que le exija a nuestro país un esfuerzo mayor en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Washington obstaculiza la impartición de justicia en el caso que aquí se expone y protege al que todos los indicios apuntan como el que urdió el homicidio de nuestro compañero.