Resulta desolador que se hayan vuelto cada vez más frecuentes episodios en los que decenas de personas pierden la vida en algún punto de su periplo para alcanzar el territorio estadunidense, y que muchas de ellas encuentren un fin trágico cuando creían haber logrado su sueño, pues Washington las expulsa de manera automática y arbitraria, en abierta violación al derecho humano al asilo. La responsabilidad de Estados Unidos en tragedias como la suscitada el lunes en Ciudad Juárez es más palpable si se considera que los migrantes repelidos por sus guardias fronterizos reúnen todos los requisitos de elegibilidad para el asilo, en tanto son supervivientes de la inseguridad, la violencia y otros flagelos que azotan a sus regiones de origen.

México ha quedado atrapado entre el incesante flujo de seres humanos que recorren el continente con la convicción de que en Estados Unidos se halla la oportunidad que buscan para sacar adelante a sus familias, desarrollarse profesionalmente o ponerse a salvo de amenazas directas o indirectas a su vida e integridad física, y la obcecación de la clase política de Washington en rechazar cualquier salida humanitaria, sensata y realista al fenómeno migratorio. Además de ser cruel con los migrantes, esta falta de voluntad política resulta injusta con nuestro país al involucrarlo en un drama humano que no tiene razón de ser, pues la economía estadunidense requiere de la mano de obra foránea tanto como los migrantes necesitan una fuente de empleo.

La tragedia del lunes pasado muestra que para México es imperiosamente necesario abandonar toda forma de colaboración tácita con las atroces políticas migratorias estadunidenses y hacer valer su soberanía en este ámbito. Es decir, no debe aceptarse más que nuestro país siga siendo utilizado por Washington como destino de expulsión de migrantes.

Por otra parte, no hay circunstancia binacional que valga como pretexto o justificación para acciones migratorias impresentables en territorio nacional. Por ejemplo, la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez no funcionaba como un alojamiento o un albergue, sino como un centro de privación de la libertad, como quedó claro en la conferencia de medios presentada ayer por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías.

Es inadmisible desde todo punto de vista que se encarcele a la gente por migrar, pues si esto es un delito habría que considerar delincuentes a los millones de mexicanos que radican en Estados Unidos y que, a través de las remesas, son un pilar de nuestra economía. Por su historia, por su vínculo profundo con la migración y por mero imperativo ético, México no puede criminalizar unos desplazamientos humanos del mismo tipo que lleva décadas pidiendo que no sean criminalizados cuando atañen a nuestros connacionales.