Una asociación civil exigió el cese del secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, por el pésimo desempeño mostrado durante su dilatada gestión. De acuerdo con el colectivo conformado por abogados de la entidad, en los más de 10 años que el funcionario lleva en el cargo los homicidios aumentaron en 476 por ciento, al pasar de 702 registrados en 2013 a 3 mil 260 en 2022 (511 en lo que va de 2023). De la violencia no se salvaron ni sus subordinados, pues de 2018 a la fecha han sido asesinados 346 policías. Este alarmante deterioro de la seguridad en el estado se produjo pese a que Cabeza de Vaca gastó 3 mil millones de pesos en implementar un programa con el pretencioso nombre de Escudo, para el cual se instalaron arcos carreteros, fibra óptica, cámaras de seguridad, botones de emergencia, y toda la infraestructura del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i).

La asociación también pide al Congreso local la remoción de Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal general que suma ya 14 años al frente de la procuración de justicia, con 10 (2009-2019) como titular de la extinta Procuraduría, cuatro en la Fiscalía, y cinco más por delante, con los que alcanzaría casi dos décadas encabezando la institución. Sobre su actuación, destacan que en la actualidad haya más de 158 mil carpetas de investigación y sólo 360 sentencias, lo que se traduce en un enorme índice de impunidad.

Tanto Cabeza de Vaca como Zamarripa llegaron a la cúspide de los organismos que dirigen cuando el gobierno federal era ocupado por Felipe Calderón, y al menos del primero cabe afirmar que es un fiel representante del paradigma calderonista para combatir (o simular que se combate) el fenómeno delictivo. El programa Escudo recuerda la obsesión del último mandatario nacional panista por echar mano a lo que, con lamentable frivolidad, llegó a denominar juguetes, es decir, a la costosa parafernalia tecnológica usada para empoderar a las corporaciones policíacas pese a la ausencia de cualquier resultado en los objetivos a los que decían servir.

La inseguridad que padecen los habitantes de Guanajuato es prueba fehaciente del fracaso de dicho modelo, basado en el populismo penal, la glorificación de la violencia de Estado y la reducción de una problemática multidimensional a un asunto de capacidad de fuego y despliegue técnico. Con su inoperancia, el binomio conformado por la SSP y la FGE guanajuatenses demuestra que es imposible abatir la inseguridad sin emprender en primer lugar una verdadera lucha contra la corrupción –cuya vertiente más peligrosa es la connivencia entre autoridades y delincuencia– y, en segundo, sin haber abordado las causas profundas de la criminalidad: la falta de oportunidades, la pobreza, la marginación, la desigualdad extrema y la desintegración del tejido social.