El 20 de febrero de 2019, el activista indígena morelense Samir Flores Soberanes, integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y fundador de Radio Amiltzinko, fue asesinado a balazos frente a su casa, en su natal Amilcingo. Hasta la fecha, el crimen sigue impune y la investigación no presenta ningún avance.

Cabe recordar que en su momento el homicidio de Flores Soberanes cobró una relevancia particular ante la opinión pública, ya que tuvo lugar con el telón de fondo del conflicto por la planta eléctrica de ciclo combinado en Huexca, construida en su mayor parte en el sexenio anterior, y a cuya terminación y puesta en marcha se oponían diversas organizaciones locales, en las cuales la víctima tenía una participación destacada. No se han encontrado indicios de que el asesinato pudiera estar vinculado con ese asunto; en cambio, han ido surgiendo datos que apuntan a la posible autoría del Comando Tlahuica, un estamento de la delincuencia organizada que opera en Morelos bajo el amparo de grupos políticos todavía poderosos.

El único elemento sólido e indiscutible que podría llevar al esclarecimiento de la muerte de Samir Flores es la actuación de la fiscalía local, encabezada por Uriel Carmona Gándara, la cual se ha esforzado en imposibilitar la acción de la justicia en ese y en otros casos. De entrada, apenas seis días después de perpetrado el homicidio de Amilcingo, esa institución autónoma extravió el arma con la que fue ultimado el activista y en lo sucesivo no ha querido o no ha podido avanzar en las pesquisas.

El propio gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, declaró en septiembre de 2020 que Carmona Gándara tiene ya la investigación, pero no la quiere soltar porque hay mucha gente involucrada; ojalá que realmente se abra y que tenga los suficientes pantaloncitos para declarar quiénes fueron los asesinos de Samir Flores. Días más tarde, el mandatario estatal reiteró que el fiscal de su estado tiene miedo y que por eso no revelaba lo que sabía.

Cabe recordar que Carmona Gándara fue electo en 2018 por el Congreso estatal, en el que la primera fuerza era la bancada del Partido de la Revolución Democrática, a propuesta del ex gobernador Graco Ramírez, integrante de ese partido, para un periodo de nueve años. Desde entonces, el fiscal ha sido señalado en diversas ocasiones por su mal desempeño en numerosas circunstancias; por ejemplo, el manejo de cadáveres en las fosas clandestinas de Tetelcingo, con implicaciones de desaparición forzada, así como los abusos de poder de sus escoltas y la revictimización de ocho jóvenes asesinados en la colonia Antonio Barona de Cuernavaca. Asimismo, Carmona Gándara fue señalado de encubrimiento en el feminicidio de la joven capitalina Ariadna López Díaz, cuyo cadáver fue hallado en octubre del año pasado a las fueras de Tepoztlán, y de quien la fiscalía morelense afirmó que había muerto por una grave intoxicación alcohólica y broncoaspiración y que en realidad fue golpeada hasta que murió a causa de traumatismo múltiple.

Las tentativas por sacar del cargo a Carmona Gándara no han dado resultado. Cuando se intentó someterlo a juicio de desafuero en el Congreso de la Unión, obtuvo de manera inexplicable un amparo que evitó el procedimiento; fallaron también los intentos por removerlo en el legislativo de su estado, y en noviembre pasado el Congreso de la Ciudad de México exhortó a su homólogo morelense a que destituyera al cuestionado fiscal.

En suma, todo indica que el asesinato de Samir Flores cayó en el agujero negro de la Fiscalía General de Morelos y que no será posible esclarecerlo y hacer justicia en tanto no se consiga la salida –y tal vez, la imputación penal– de su titular, exponente de esa generación de fiscales estatales blindados que gobernadores del régimen pasado dejaron en varias entidades del país, acaso con el propósito de cubrirse las espaldas y lograr, ellos también, una impunidad duradera.