El último testigo de la fiscalía en el juicio que se sigue en Nueva York a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el sexenio de Vicente Fox, confirmó y consolidó ayer los testimonios presentados en ese proceso legal: Jesús El Rey Zambada afirmó que se entrevistó con el acusado para entregarle 2 millones de dólares en efectivo y que antes había atestiguado en el mismo sitio –el restaurante Champs Elysées, en Paseo de la Reforma– otra entrega en la que el cártel del Pacífico le dio al ex funcionario 3 millones de dólares para asegurarse protección e impunidad. Lo dicho por el ex cabecilla de esa organización delictiva confirma las aseveraciones de otros antiguos capos de la droga, concretamente, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, y Óscar Nava Valencia, El Lobo, sobre los vínculos de García Luna con el tráfico de drogas.

Por otra parte, Zambada, que ha sido llamado el testigo estrella de la fiscalía, dio detalles sobre el grado de infiltración de la criminalidad en la extinta Policía Federal (PF), varios de cuyos altos mandos –como Facundo Rosas, Ramón Pequeño, Édgar Bayardo y Guillermo Báez– trabajaban en realidad para el referido grupo delictivo. Asimismo, detalló el modo de operación con el que, entre 2000 y 2008, agentes de la AFI y de la desaparecida Procuraduría General de la República, así como policías federales adscritos al aeropuerto capitalino, recibían cargamentos de cocaína que pesaban cientos de kilos y que incluso llegaron a invertir en ese negocio ilícito. Asimismo, el testigo admitió que en 2001 ayudó a escapar a Joaquín El Chapo Guzmán Loera del penal de Puente Grande, Jalisco, con ayuda de personal de la PF y de la AFI.

Los señalamientos de El Rey Zambada confirman que en los sexenios de Fox y de Calderón la corrupción en las instituciones responsables de procurar justicia y de garantizar la seguridad pública trastocó gravemente la vida nacional, se convirtió en motor de la creciente inseguridad, causó innumerables pérdidas de vidas, pervirtió el sentido mismo del gobierno e incubó de manera perdurable una violencia delictiva que hasta la actualidad no ha podido ser erradicada. En suma, de ese y otros testimonios rendidos en la corte neoyorquina resulta ineludible concluir que, al menos en lo que respecta a la AFI, la PF y la Secretaría de Seguridad Pública en su conjunto, el narcotráfico gobernó entre 2000 y 2012.

Es lamentable, por otra parte, que la inopinada decisión de la parte acusadora de poner fin a las comparecencias de testigos, cuando apenas ha declarado un tercio de los que había programado originalmente, deje en la oscuridad aspectos claves del juicio contra García Luna, el más destacado de los cuales es el papel que desempeñaron dependencias y funcionarios de Estados Unidos en la descomposición de las instituciones mexicanas. Este final anticipado y abrupto dejará sin resolver la sospecha de que el Departamento de Justicia buscó encubrir la vinculación de las oficinas estadunidenses de Inteligencia (CIA), combate a las drogas (DEA) y control de armas (ATF) en las redes criminales del narcotráfico en México. Del juicio tampoco podrá obtenerse información sobre las probables responsabilidades –así fueran en grado de conocimiento– de Fox y de Calderón ante el involucramiento del ex jefe policial con la delincuencia, ni se contará con datos adicionales sobre los nexos ilícitos de García Luna con consorcios establecidos, empresarios y medios informativos.

Resulta ineludible, en consecuencia, emprender en el ámbito nacional el esclarecimiento que en el país vecino va a quedar trunco debido a un designio que resulta difícil de entender.