En la ceremonia conmemorativa del 106 aniversario de la Constitución de 1917, celebrada ayer en Querétaro, quedó de manifiesto que ese documento es, hoy más que nunca, un escenario fundamental de lucha entre los dos alineamientos que se enfrentan en la vida política del país: por un lado, el que se orienta por la Cuarta Transformación que propugnan el Presidente de la República y los partidos que lo respaldan, y por el otro, la coalición tripartita formada por Acción Nacional, el Revolucionario Institucional, y el residual Partido de la Revolución Democrática, heredera del Pacto por México forjado a principios del sexenio pasado con el objetivo de perpetuar el régimen neoliberal que existió entre 1983 y 2018.

El anfitrión del encuentro, el gobernador queretano Mauricio Kuri, procuró mantener una postura institucional, dejar de lado su condición de adversario político del titular del Ejecutivo federal y concentrarse en sus coincidencias con éste. No ocurrió lo mismo con el presidente de la Cámara de Diputados, el también panista Santiago Creel Miranda, quien, olvidando que asistía al acto en representación de ese órgano legislativo y no de su propia afiliación partidista, buscó la confrontación abierta con Andrés Manuel López Obrador y esgrimió por enésima ocasión la exigencia opositora de participar en el diseño de las políticas públicas del gobierno federal.

El senador Alejandro Armenta, por su parte, formuló un elogioso recuento de las reformas constitucionales –particularmente, las que han permitido fortalecer la soberanía nacional en sus distintas dimensiones– conseguidas en lo que va del presente sexenio.

El discurso de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, estuvo teñido de cierto fundamentalismo legal, y aunque ni ella ni Creel Miranda lo dijeron expresamente, sus respectivas palabras apuntaban a cerrar la perspectiva de nuevos cambios al texto constitucional.

En su alocución, López Obrador recordó el carácter antipopular y antinacional de las reformas a la Carta Magna efectuadas durante el periodo neoliberal y señaló que todas ellas se orientaron a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera.

Asimismo, el mandatario reivindicó los ideales de la Revolución Mexicana plasmados por el Constituyente de Querétaro y exhortó a abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal y a devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original.

Debe reconocerse que el texto vigente de la Constitución requiere cambios urgentes y de gran calado en diversos pasajes, como el energético, el que rige a los organismos electorales y el que regula el Poder Judicial, terrenos donde sigue imperando la opacidad, el derroche y la disfuncionalidad.

Para ilustrar este hecho, baste con recordar las múltiples trabas interpuestas desde el Legislativo y el Judicial a propuestas de reforma que contaban con un abrumador respaldo social, como la eléctrica y la electoral.

En suma, pues, el documento constitucional y la disputa entre quienes pretenden dejarlo como está y quienes buscan modificarlo para profundizar los cambios que se han venido efectuando desde 2018 son expresiones de la pugna por la orientación general del país, pugna que se agudiza conforme se aproximan los comicios presidenciales del año próximo.