Gilberto López y Rivas

Los habitantes indígenas del municipio de Santa María Coyomeapan, enclavado en la Sierra Negra, en el suroriente del estado de Puebla, en cuyo territorio viven 44 comunidades de habla náhuatl, se movilizaron masivamente contra el cacicazgo de la familia del médico David Celestino Rosas, quien se asentó en estas tierras al inicio de este siglo, ganándose con su trabajo la confianza de los pobladores.

Entrado en la política, el galeno ocupó la presidencia municipal de 2011 a 2014, y de nueva cuenta, de 2018 a 2021. Su hermana Araceli, hoy diputada federal por el Partido del Trabajo, estuvo en ese cargo de 2014 a 2018 y ahora pretenden imponer a Rodolfo García López, esposo de Araceli, para el periodo 2021-24, bajo la cobertura partidista del PT y Pacto Social de Integración, apoyados por Morena.

De concretarse la aberración política de un proceso electoral considerado fraudulento y amañado, una misma familia habría ejercido ininterrumpidamente el poder local durante 13 años. No cabe duda, la política es un buen negocio, aún en municipios, como Coyomeapan, con un 93 por ciento de pobreza y 53 por ciento de pobreza extrema. La llegada al gobierno de los Celestino no sólo no remedió estos graves índices de desigualdad social, sino que los ha agravado, al registrarse una corrupción visible y demostrable con obras inconclusas de drenaje, un hospital, una sede universitaria, tuberías de agua potable inservibles, una supuesta casa de cultura, entre otros dispendios, algunos reportados oficialmente como terminados en los informes municipales.

Periodistas locales señalan que detrás del autoritarismo y la violencia de este cacicazgo familiar y su empecinamiento por controlar la presidencia, están los intereses corporativos que pretenden apoderarse de los recursos naturales y minerales que se encuentran en este municipio. No podían faltar en este caso, en un país con un tercio del territorio concesionado a la maldición minera, que Coyomeapan se encuentre dentro de la concesión del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, que promueve la minera Autlán, con el que se prevé la construcción de una presa que atravesaría los municipios de Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec por el río Coyolapa.

También, como en muchas latitudes del territorio nacional, donde las compañías mineras ponen en práctica su ya conocida ingeniería de conflictos, que se sintetiza en la escalofriante disyuntiva de plata o plomo, este proyecto provocó la resistencia comunitaria, teniendo lugar la desaparición forzada del opositor Sergio Rivera Hernández, el 23 de agosto del 2018, mientras una de las acusaciones del movimiento de resistencia contra el cacicazgo de la familia Celestino, ¡oh sorpresa!, es que está en favor de la minera.

Como es frecuente en otros estados de la geografía nacional, el poder político y la partidocracia apoyan, por omisión o comisión, a los cacicazgos que resultan funcionales a sus intereses, y, en este caso, la abogada Araceli Bautista Gutiérrez ha cuestionado enérgicamente, en los medios de difusión del estado, al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, por su apoyo a Rodolfo García López, a la vez que señaló que la dirigencia del PT, en entrevista reciente, no prestó atención a los reclamos de los representantes de las comunidades indígenas, ni de la propia representante legal, por el apoyo tácito a la familia Celestino, aduciendo que su partido había ganado la elección del municipio y sin importar las acusaciones sobre la adulteración del proceso electoral.

Así, no fue sorpresa que el 22 de agosto pasado, los indígenas del municipio tomaran, sin violencia, robos o vandalismo, la sede de la presidencia municipal, la comandancia de policía, el concejo municipal y el auditorio en protesta por los resultados electorales. La reacción del poder en favor del cacicazgo de la familia Celestino fue contundente a través de la criminalización del movimiento opositor, con la complicidad del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo estatal. Entre el 1º y el 5 de septiembre, a partir de acusaciones y montajes grotescos –entre ellos, el asalto a un cajero automático situado frente a la sede de la policía municipal–, fueron capturados los maestros rurales Basilia Montaño Gutiérrez y Eruviel Aguilar Gómez, el sastre Adán Anastasio González y el mecánico y empleado de intendencia Gonzalo Martínez Herrera, existiendo órdenes de aprensión contra 21 personas más. No hay duda, son presos políticos y defensores sociales, y en esa calidad son respaldados por Morena y la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno federal.

Los dirigentes del movimiento señalan que sus demandas son la salida de la familia Celestino y el fin de su cacicazgo, así como la elección de la presidencia municipal por usos y costumbres, como en Cherán, semilla sembrada, cuyo cultivo hay que cuidar y hacer valer.