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El consejero electoral Jaime Rivera anunció el martes la intención del Instituto Nacional Electoral (INE) de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra la Cámara de Diputados por el presupuesto que ésta le aprobó, y que el organismo comicial considera insuficiente; asimismo, con el argumento de que el INE requiere de 2 mil 500 millones de pesos adicionales para lo esencial de la consulta de revocación de mandato ya establecida en la Constitución y prevista para el año entrante, amenazó con no emitir la convocatoria para la realización de ese ejercicio cívico.

Ayer, el presidente del consejo general de la institución, Lorenzo Córdova Vianello, acusó a los legisladores de San Lázaro de haber generado “un boquete presupuestal (…) de tales dimensiones que hoy es prácticamente muy complicado que pueda subsanarse o generarse los recursos suficientes para que se pueda cumplir con lo que la propia legislatura le impuso como obligación legal al INE” y advirtió que éste ejercerá los recursos jurídicos necesarios para determinar si puede hacer un ejercicio con menos casillas sin incurrir en responsabilidad legal.

Al margen de los alegatos técnicos y administrativos presentados por el INE, es pertinente poner el asunto en contexto: para el año en curso, en el que hubo elecciones legislativas en todo el país, además de comicios estatales y municipales en casi la mitad de las entidades, el organismo recibió del erario 19 mil 593 millones de pesos; para 2022 le fueron asignados 19 mil 736 millones, es decir, 143 millones más, pese a que el año entrante sólo están programadas seis elecciones estatales y la mencionada consulta. Con este dato en consideración resulta inevitable concluir que la exigencia de la institución electoral es injustificada, desmesurada y contraria a toda consideración de eficiencia en el ejercicio del gasto.

Cabe recordar que el organismo comicial ha sido insistentemente señalado por la injustificada largueza con que retribuye a sus directivos, así como por la frivolidad y los dispendios con que ha ejercido los recursos que le son asignados año tras año. Estos vicios institucionales chocan frontalmente con un Poder Ejecutivo empeñado en sanear las finanzas públicas de los derroches, la corrupción y la insensibilidad que caracterizaron a administraciones anteriores en el uso del dinero público, y que ha aplicado el principio de austeridad en su propia oficina –la de la Presidencia– de manera tan drástica que ha pasado de los 3 mil 578 millones de pesos erogados en los últimos 11 meses de Enrique Peña Nieto a sólo 525 millones, una reducción de 85 por ciento.

Pero las actitudes antagónicas del gobierno de la Cuarta Transformación y del INE no sólo se contraponen en materia de ejercicio del gasto público, sino también en asuntos incluso más sustanciales, como la calidad de democracia que uno y otro desean para el país. Mientras el organismo electoral se mantiene aferrado a los formalismos y legalismos de una democracia representativa inevitablemente condenada a derivar en la conformación de élites políticas y que ha funcionado mal y ha resultado carísima, la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha buscado impulsar la incorporación de prácticas de democracia participativa que involucran directamente a la ciudadanía en las grandes decisiones nacionales. Y una de tales prácticas es justamente la revocación de mandato, que da una forma concreta al principio contenido en el artículo 39 constitucional: el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

En suma, las reticencias del INE a organizar la consulta de revocación de mandato parecen reflejar el apego de los directivos de esa institución a los usos, abusos y costumbres del régimen que fue derrotado en las urnas en julio de 2018 y la decisión de obstaculizar a toda costa la evolución democrática del país.

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