El gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, anunció ayer que dará marcha atrás a una de sus medidas centrales para frenar las alzas descontroladas en el precio de la electricidad, consistente en el cobro de un impuesto sobre las ganancias extraordinarias de las compañías energéticas beneficiadas por la escalada de tarifas.

El retroceso de la administración se presenta tras una intensa campaña de chantaje orquestada por las transnacionales que controlan el sector –Iberdrola, Naturgy, Endesa, EDP y Repsol–, y en particular de la primera de ellas, que recurrió a una serie de prácticas inescrupulosas a fin de imponer sus intereses sobre las urgencias de millones de familias y de las pequeñas empresas afectadas por un alza de 500 por ciento en las facturas de electricidad de 2018 a la fecha.

Como es habitual en esa firma, la primera de sus jugadas fue amenazar con frenar la inversión y trasladarla a otras regiones con mejor clima para los negocios. Así, Iberdrola anunció inversiones en Reino Unido por más de 7 mil millones de euros, y el presidente de esta multinacional con sede en Bilbao, Ignacio Sánchez Galán, viajó a Londres para reunirse con el primer ministro británico, Boris Johnson, quien ofreció todas las facilidades para invertir. Tampoco faltó el chantaje ambiental, con la amenaza de que acotar los abusos de las empresas eléctricas detendría la inaplazable transición energética.

La última pinza de esta operación para maniatar al Estado español se desplegó a través del Partido Nacionalista Vasco (PNV), formación regional cercana a Iberdrola y aliada en la amplia coalición partidista que sustenta al Ejecutivo, el cual advirtió que, de no retirarse el decreto para frenar las alzas a los precios de la electricidad, votaría en contra del presupuesto e incluso dejaría caer al gobierno.

Todas estas maniobras cobran más fuerza al producirse a las puertas del invierno boreal, cuando la electricidad y el gas se tornan indispensables para mantener los sistemas domésticos de calefacción.

También pesó en el desistimiento de la administración Sánchez el revés sufrido en el seno de la Unión Europea, cuya comisión (órgano ejecutivo) rechazó la propuesta española de adoptar medidas a corto plazo para superar la crisis energética, así como la petición de que España saliera del sistema de precios europeo de la electricidad, al menos hasta que amaine la tormenta de las altas tarifas.

El desarrollo de los acontecimientos muestra a un Estado que perdió su soberanía a manos de un puñado de corporaciones y que hoy por hoy carece de mecanismos para proteger a su población de unas tarifas eléctricas absurdas y arbitrarias, las cuales ponen a millones de personas en riesgo de caer en la pobreza, e incluso amenazan sus derechos más elementales en circunstancias que ya son exasperantes luego de dos años de parón económico a causa de la pandemia. México debe verse en el espejo de Europa, cuya situación aconseja reducir el peso de las empresas privadas en la industria eléctrica antes de que sea demasiado tarde.