Napoleón Gómez Urrutia

Durante la presente semana se están celebrando tres reuniones internacionales de las mayores organizaciones que representan a los trabajadores del mundo, así como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), conocido como el Foro de París, con el objeto de analizar y discutir cuáles son los elementos y factores que afectan las condiciones de vida, la democracia, la libertad y la justicia laboral. Es decir, en todas ellas está a discusión lo que sucede actualmente en las relaciones productivas, la competencia, el desarrollo de la tecnología y cómo toda esta situación afectará el futuro de la clase trabajadora y de los países.

No cabe duda que en la actualidad existen numerosos factores que están incidiendo en la economía global, entre otros, la guerra comercial entre las dos mayores economías, Estados Unidos y China. También, la incertidumbre con respecto al proceso de integración de la Comunidad Económica Europea y la indefinición sobre el Brexit, que ha mantenido diversas inversiones en suspenso.

Asimismo, está bajo consideración el grado de influencia que sobre la estabilidad mundial provocan las continuas tensiones geopolíticas regionales, como la situación interna de Venezuela, las corrientes de migrantes de Centroamérica y de los refugiados a través de las fronteras, así como la posición de Estados Unidos en estos temas y los conflictos entre algunos países, como India y Pakistán, que son fuertemente alimentados por los gobiernos de derecha. Finalmente, la desaceleración del crecimiento en China y en todos los países integrantes del Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) también está generando inquietudes e incertidumbre.

En estos días, mi participación más activa ha sido en la reunión del comité ejecutivo internacional de IndustriALL Global Union, que representa a más de 55 millones de afiliados, como el único mexicano que representa a nuestro país en este importante foro. Los estudios, el análisis y la interpretación de la realidad actual radican en que los problemas económicos son a la vez la causa y el resultado de la concentración de la riqueza y el poder en manos de unos pocos. La avaricia corporativa, aunada a la débil legislación y reglamentación y a los gobiernos débiles o cómplices, explica los múltiples casos de violaciones de los derechos de los trabajadores, los salarios escandalosa y abusivamente bajos y la precariedad de las condiciones de trabajo.

Adicionalmente, los cambios en las políticas energéticas de muchas naciones y sin duda la evolución acelerada de la tecnología, conocida ya más claramente como la Cuarta Revolución Industrial, están poniendo fuertes retos a las estrategias de ocupación, la generación de nuevas oportunidades y en general al futuro del mundo del trabajo en su perspectiva inevitable de promover un nuevo modelo de desarrollo económico que supere las actuales situaciones de desigualdad social y de injusticia.

Lo urgente será establecer y poner en marcha un plan de acción con compromisos específicos para la modernización de las estructuras laborales hacia nuevos objetivos de equilibrio y justicia social y analizar la posibilidad de crear un programa de conciliación y arbitraje en el sector laboral internacional. En este proyecto podrían celebrarse consultas con los sindicatos, abogados, académicos, compañías y otros más para promover esas nuevas acciones. Esto requiere estudiar los mecanismos objetivos y justos de arbitraje para desarrollar esa nueva propuesta, entre los que se deben incluir las instituciones económicas mundiales que mantienen en atraso las relaciones de trabajo tanto en lo externo como en lo nacional.

En enero, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó el informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo para conmemorar 100 años de su fundación, a celebrarse en la reunión de junio de 2019. La esencia de este plan es buscar varios objetivos simultáneamente, tanto para irse adentrando como adaptando a las nuevas condiciones futuras del mundo laboral.

De aquí en adelante será necesario adoptar la reconversión profesional y el aprendizaje permanente en ambos casos en la perspectiva de las nuevas tecnologías, así como definir el tiempo necesario para el trabajo que abrirán esas nuevas condiciones, lo mismo que apoyarse en la soberanía de las naciones para utilizar mejor los recursos disponibles, el establecimiento de una garantía laboral universal, la libertad sindical y la auténtica contratación colectiva, así como toda una serie de recomendaciones sobre políticas públicas y reglamentos modernos para impulsar y renovar la democracia sindical y la justicia laboral.

Con todo y sus limitaciones, esta será una buena base para las decisiones que podrían incidir positivamente en la próxima declaración de la OIT que se aprobará en Ginebra, Suiza, en junio próximo, con motivo del centenario de esta trascendente organización.