En días pasados la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) autorizó la explotación de campos petroleros en el país mediante la técnica de fractura hidráulica para la extracción de petróleo y gas, conocida como fracking. Ello, a pesar de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado en reiteradas ocasiones su determinación de no permitir que ese procedimiento sea empleado en México, habida cuenta de las graves afectaciones ambientales que conlleva. Más aun, los peligros del fracking han sido señalados por diversas organizaciones sociales y movimientos ambientalistas, así como por habitantes de las regiones en las que se ha planeado llevarlo a cabo.

Como se sabe, este procedimiento consiste, básicamente, en horadar pozos verticales a gran profundidad (entre mil y 5 mil metros) para acceder a yacimientos de lutitas, o rocas porosas, impregnadas de gas shale y de petróleo para, enseguida, realizar perforaciones horizontales por medio de las cuales se inyecta a altas presiones agua combinada con distintas sustancias químicas a fin de conseguir la fractura de capas rocosas, con lo cual se impulsa la salida de los hidrocarburos. La técnica exige muchas perforaciones, por lo que conlleva la ocupación de grandes extensiones, pero lo más grave es que consume enormes cantidades de agua, la cual queda irremediablemente contaminada por los sustancias utilizadas y por aquellas con las que entra en contacto: benceno, tolueno, metanol, etilbenceno e incluso radón, un elemento radiactivo. La carga de toxicidad tiende a contaminar mantos acuíferos y sistemas hidrológicos enteros. Para colmo, existe la sospecha de que el fracking puede acentuar fenómenos sísmicos.

La insistencia de recurrir a este procedimiento –que ya se practica en Estados Unidos– sólo puede explicarse, pues, por un afán irresponsable y desmedido de lucro que pasa por encima de toda consideración acerca de la salud de las poblaciones y de la conservación de entornos ecológicos, y es por ello que, desde su campaña presidencial, el actual titular del Ejecutivo federal se comprometió a proscribirla en la industria petrolera. Al autorizar el empleo del fracking, la Comisión Nacional de Hidrocarburos se coloca en contra de lo que es ya una directiva gubernamental y de un extendido sentir social contrario a esa práctica. El hecho lleva a reflexionar sobre la resistencia que se presenta en estos organismos autónomos a los lineamientos establecidos por la actual administración. Otro tanto sucede en la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica y otras.

Al parecer, en el seno de estas instancias no se ha comprendido que en la elección del primero de julio del año pasado se estableció un radical cambio de rumbo en el país y, por lo que hace al sector energético, un nuevo paradigma: el compromiso fundamental del presente gobierno consiste en fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, no establecer reglas para que tales empresas pierdan la competencia ante las privadas, como venía ocurriendo hasta el sexenio pasado, ni procurar tasas de rentabilidad de la inversión a costa de lo que sea.