El juicio que se desarrolla en Nueva York en contra de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, señalado como principal jefe del cártel de Sinaloa, ha cobrado fuerza de espectáculo mediático con sus supuestas revelaciones que involucran a la cúpula del poder con el narcotráfico, sobre todo con la facción del acusado, y testigos protegidos que hablan de sobornos a presidentes de la República, procuradores, jueces, mandos militares y policiales, y otros funcionarios. Particularmente llamativos han sido los testimonios de Jesús El Rey Zambada acerca de los presuntos vínculos entre la criminalidad organizada y las más altas esferas de la institucionalidad política y del funcionamiento y el poderío de la organización delictiva a la que confesó haber pertenecido.

Es sabido que las afirmaciones de testigos protegidos y de reos que colaboran con las fiscalías a cambio de reducción de penas se caracterizan por un déficit de fiabilidad, por cuanto, con tal de lograr reducciones de penas, liberaciones anticipadas o exoneraciones, los declarantes son capaces de decir cualquier cosa. Por desgracia, no existe la menor posibilidad de que juzgadores mexicanos determinen la veracidad o la falsedad de los dichos referidos porque, aunque abordan asuntos de suma gravedad y trascendencia para la vida institucional de México, están siendo ventilados en un tribunal estadunidense y no es posible determinar cuánto hay en ellos de cierto y cuánto de falso ni conocer los términos negociados entre los declarantes y la parte acusadora.

Al margen de la credibilidad que puedan tener las declaraciones de Zambada y de otros, lo más alarmante de este episodio judicial es que se desarrolla en el extranjero y al margen de las instancias nacionales de procuración e impartición de justicia. Tal circunstancia resulta demoledora para el ejercicio de la soberanía y coloca al gobierno mexicano y a la nación en general en una condición de suma vulnerabilidad.

Debe reconocerse, por otra parte, que si varios capos del narcotráfico han terminado en cárceles y en tribunales del país vecino, ello se debe a la incapacidad de las instancias nacionales para someterlos a proceso y para garantizar su estancia en prisión, como lo ilustran las fugas que protagonizó el propio Guzmán Loera. Esa incapacidad llevó a una falla incluso mayor: la renuncia de las máximas instituciones políticas a ejercer las funciones que les confiere la Constitución y su decisión de desentenderse del problema mediante extradiciones que han llegado a ser una práctica casi rutinaria.

Los hechos comentados llevan a una conclusión inevitable: los posibles delitos cometidos en México deben ser juzgados en el país mismo y, para ello, se requiere reconstruir los sistemas de procuración e impartición de justicia y penitenciario, a tal grado devastados por la corrupción y la inoperancia que no son merecedores, hoy por hoy, ni de la confianza de las propias autoridades. Ciertamente, ello representará un desafío acuciante para el gobierno que iniciará dentro de dos semanas.