Néstor Martínez Cristo*

El movimiento estudiantil que se ha venido expresando pacíficamente en días recientes en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta, sin duda, con legitimidad, sus principales demandas son razonables y deben ser atendidas y resueltas por las autoridades universitarias.

Los jóvenes se han organizado de manera ejemplar y representan en mucho la esencia de lo que es y alienta la universidad pública mexicana: el pensamiento crítico de la nación. Su mensaje ha sido claro y contundente en contra de la violencia y la inseguridad que azota al país, a la ciudad y que se ha extendido hacia los planteles universitarios.

Sin embargo, al interior del movimiento subyace una falsa premisa que no se ha logrado desmontar, que ensucia la comunicación y que no permite tender puentes francos de entendimiento y confianza con las autoridades de la institución (léase Rectoría) para dirimir diferencias y alcanzar la solución a los problemas planteados.

Esta falsa idea surge de lo profundo de algunas asambleas en ciertos planteles. Buscan colocar a los directores y a la Rectoría en una situación de desconfianza y confrontación con los estudiantes. Quienes difunden esta versión se equivocan. Quzás por falta de información. Tal vez por mala fe.

Me explico: a diferencia de los conflictos de 1987 y de 1999, que se tradujeron en el rechazo de importantes sectores de la comunidad universitaria a las propuestas de las autoridades del momento de incrementar las cuotas en la universidad, ahora no existe un planteamiento de la Rectoría ni de alguna otra autoridad que provoque encono, inconformidad o divergencias.

Es decir, en el punto medular de las demandas del movimiento estudiantil, lejos de haber dos posiciones confrontadas, hay plena convergencia: rechazo a la violencia y a los grupos porriles.

La artera agresión del 3 de septiembre a las puertas de la torre de la Rectoría agravió a todos por igual. Fue un acto criminal, perfectamente orquestado, que golpeó las conciencias de los universitarios. Profesores, alumnos, investigadores, autoridades y trabajadores expresaron su repudio a la irrupción violentísima de los delincuentes, que dejó más de una decena de estudiantes lesionados, dos de los cuales tuvieron que ser hospitalizados.

La condena ha sido unánime dentro y fuera de la UNAM, al igual que la exigencia de que se investigue, identifique y se castigue a los responsables. Los sectores de la institución han reaccionado de acuerdo con sus posibilidades, medios y atribuciones.

De ahí la indignación de la comunidad expresada de manera contundente mediante la multitudinaria manifestación contra la violencia realizada la semana pasada en Ciudad Universitaria, así como la suspensión de actividades en escuelas y facultades.

A las autoridades universitarias no se les puede acusar de dilación. A la fecha han presentado denuncias penales, expulsado a 17 estudiantes que participaron en la agresión y se han abocado a la atención médica de los lesionados y al acompañamiento a sus familiares. Y anticipan que habrá más denuncias penales contra presuntos implicados. Pero eso no basta.

Es en este contexto que el rector de la universidad acudió ayer a las instalaciones del CCH Azcapotzalco a revisar personalmente, con los alumnos del plantel, el pliego petitorio acordado por la asamblea y a darles una respuesta favorable a todos sus planteamientos.

Les dijo que comparte su indignación por la violencia y su preocupación por la inseguridad dentro y fuera de los planteles. Ofreció mayor coordinación con las policías al exterior y una restructuración de la vigilancia al interior.

No hubo gritos ni interpelaciones. Tampoco fue increpado. Un ejemplo de civilidad. Los más de 500 jóvenes reunidos en el patio de la escuela escucharon con atención los planteamientos del rector. Estamos del mismo lado, que no quepa duda, concretó.

A 50 años del conflicto de 1968, sin pretender establecer paralelismos simplones y guardando la proporción del caso, la UNAM y su comunidad sufren hoy un nuevo embate. Son víctimas de una burda provocación por parte de grupos dirigidos y patrocinados. Son intereses que atentan contra la estabilidad de la universidad de la nación y del país. La ventaja, lo positivo, es que –en efecto– los verdaderos universitarios estamos del mismo lado… del lado correcto de la historia.